El TSJA confirma una sanción del Gobierno a una mujer que dio refugio a un magrebí en Tarifa
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sanción impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz a Francisca Gil, una administrativa de 37 años, divorciada y madre de cuatro hijos, a la que sancionó con 250.000 pesetas por ayudar a un inmigrante en situación irregular, en julio de 1997. La sala considera que la conducta de la mujer "no fue casual y fortuita sino incardinada a prestar colaboración al extranjero". Gil se pregunta "cuál es el delito por ayudar a un hombre hambriento" y Derechos Humanos califica el fallo de "bochornoso".
Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla ha quedado demostrado que Gil ayudó a un ciudadano argelino -la sancionada sostiene que era marroquí-, que lo montó en su coche y lo auxilió. "Resulta evidente no ya que supiera que se trataba de un extranjero en situación de ilegalidad sino que perseguía precisamente ayudar a extranjeros en dicha situación", explica el fallo, que no atribuye a Gil su pertenencia a alguna organización "con fines espurios", según se deduce del sobreseimiento de las actuaciones penales iniciales.La Guardia Civil detuvo a Gil en el cruce del Santuario de la Luz, en las cercanías de Tarifa (Cádiz), donde reside, a las 23.30 del 16 de julio de 1997. En su coche viajaba Hassan Ouardi, un marroquí de 26 años, que había llegado a España ilegalmente hacía un mes. Durante ese tiempo, Francisca Gil le proporcionó alimentos, cobijo en una casa de su propiedad en el campo y le facilitó algo más de 30.000 pesetas en metálico procedentes de una colecta entre sus amigos. Cuando fue detenida, lo llevaba al encuentro de un familiar, con el que supuestamente se iba a trasladar a Italia. La primera denuncia de la Guardia Civil ante el juzgado fue por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores, luego desestimado por el juez de guardia.
Ayudas
Desde que sucedieron los hechos, Gil ha reconocido punto por punto todo el relato de la historia, e incluso admite que suponía que el hombre estaba en situación irregular, pero sostiene que su actuación fue meramente humanitaria. "Yo no pertenezco a ninguna mafia ni organización, pero desde luego no me cuesta ningún trabajo ayudar a inmigrantes con problemas. Lo hecho muchas más veces. Cada vez que me encuentro a alguien con hambre o con zapatos rotos y mojados tengo que hacer algo. El plato de comida en mi casa lo tienen seguro, porque no creo que eso sea delito", dice.
La sentencia encuentra relación entre la ayuda que prestan personas a los inmigrantes y la insistencia de éstos en alcanzar las costas españolas utilizando cualquier medio. "El hecho de que los extranjeros que arriesgan su propia vida por entrar en España insistan, en parte viene motivado por la existencia de organizaciones o individuos que, con unos u otros fines, a veces intereses meramente económicos, se prestan a burlar el sistema legal español", explica la sentencia. Frente a esta interpretación, Gil reitera que lo que hizo "no es un delito, que un delito es quedarse de brazos cruzados" y que "es la ley la que fomenta las mafias, la corrupción y las muertes".
La opinión más dura contra la sentencia ha sido de la asociación Pro Derechos Humanos, un colectivo que ya ha recogido 6.000 firmas de autoinculpación y ha comenzado una campaña de recaudación de fondos a favor de Francisca Gil. Para Rafael Lara, presidente de la asociación en Andalucía, se trata de una sentencia "bochornosa" e "influida políticamente por la campaña de alarma e intoxicación desatada por el Gobierno contra los inmigrantes":
