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Las listas de espera en la justicia afectan a más de 700.000 personas, según el PSC

Unas 700.000 personas están inmersas en algún proceso judicial, a la espera de que se celebre un juicio en el que están implicadas como demandantes o demandadas, o bien están pendientes de que se dicte una sentencia para cerrar definitivamente un caso que les afecta. La estimación fue planteada ayer por el grupo parlamentario PSC-Ciutadans pel Canvi en la Comisión de Justicia del Parlament, que rechazó una iniciativa de esta formación apoyada por el resto de la izquierda para realizar un estudio detallado y conocer la situación real de la justicia en Cataluña en todas las jurisdicciones.

La estimación sobre el alcance real de las listas de espera ha sido realizada por el PSC-CpC a partir de las estadísticas facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial y por las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como de las audiencias provinciales o los juzgados decanos. "La cifra puede parecer abultada, pero si se piensa un poco en las personas a las que puede llegar a afectar un único proceso judicial se concluirá llega que no lo es tanto o que incluso puede ser superior", asegura Àlex Masllorens, portavoz de este grupo parlamentario en la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana.Los portavoces de CiU y el PP argumentaron ayer en la comisión parlamentaria que la Generalitat no tiene competencias para realizar ese estudio y que eso afectaría a la función jurisdiccional y la independencia que tienen asignados los magistrados. Masllorens agregó que esa estimación de 700.000 personas afectadas por las lista de espera es conocida por la consejera de Justicia, Núria de Gispert, quien nunca la ha cuestionado.

Masllorens recordó que sólo la Audiencia de Barcelona y los juzgados de lo social de esta ciudad acumularon 17.500 y 15.900 pleitos, respectivamente, al acabar el año pasado. En el ámbito social se trata, en ocasiones, de demandas que afectan a varios trabajadores de una empresa y que pueden tardar hasta más de tres años en resolverse desde que se presentan hasta que la Sala de lo Social del TSJC dicta sentencia definitiva. Eso sin contar que, en este caso, alguna de las partes no recurra por unificación de sentencia ante el Tribunal Supremo. Al margen de los casos pendientes de juicio, en los juzgados de lo social de Barcelona había al acabar el año pasado 6.700 casos pendientes de ejecución; es decir, cerrados definitivamente por parte de los jueces y a la espera únicamente de que las partes cumplan la sentencia.

Contencioso-administrativo

La jurisdicción civil tampoco escapa a este colapso y es habitual esperar una media de un año desde que se presenta la demanda hasta que un juzgado de Barcelona dicta sentencia. Si se recurre contra la sentencia ante la Audiencia de Barcelona, el tiempo de espera aumenta en otros 18 meses de media. Por no recordar también los más de 35.000 casos que se acumulan en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, donde un asunto tarda una media de cuatro años en resolverse en primera instancia.

En el ámbito penal, el año pasado se presentaron en Barcelona 792 querellas por delitos muy diversos. Si es aceptada por el juzgado al que corresponda tramitarla, es más que probable que pasen hasta tres y cuatro años desde que se acepta hasta obtener la primera sentencia.

Muchos de esos datos fueron expuestos ayer por Masllorens ante la Comisión de Justicia del Parlament, que finalmente rechazó con los 14 votos a favor de CiU y PP y los 12 votos en contra del resto de los grupos la proposición no de ley para realizar un estudio que permita conocer al detalle la situación de la justicia en Cataluña, en todas las jurisdicciones, con especificación del número de caso pendientes o en tramitación.

El presupuesto de Justicia supone el 1,5% del total del de la Generalitat, frente al 4% que gastan otros países del entorno. Sin embargo, la partida para altos cargos en ese departamento ha aumentado este año en un 36,6%, agregó Masllorens.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de junio de 2000

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