La Fiscalía de Moscú da el segundo golpe a la nueva oligarquía rusa

Los oligarcas rusos viven estos días en un puro sobresalto. Primero fue Vladímir Gusinski, propietario del grupo Media Most, quien probó las hieles de la cárcel acusado de estafa. Ahora la espada de Damocles pende sobre Vladímir Potanin, exviceprimer ministro, banquero y empresario. La Fiscalía de Moscú ha presentado una demanda ante el tribunal de arbitraje, "en interés del Estado y la nación", para que se declare nula la privatización, en agosto de 1997, de la empresa Norilsk Níquel, segunda productora de níquel del mundo. En juego puede estar un intento de redistribuir la propiedad que pasó a manos privadas durante la etapa de Borís Yeltsin.

Algo muy gordo pasa en Rusia, pero aún no se sabe qué. Tiene que ver con el control del poder y afecta a los oligarcas que, gracias a sus conexiones en el Kremlin, se hicieron en tiempos de Borís Yeltsin con medio país a precio de ganga. Puede ser una lucha a muerte por la riqueza, un intento de Vladímir Putin por meter en cintura a los magnates e incluso un reflejo de disputas entre grupos antagónicos para influir en el presidente.De este choque de capas magmáticas puede que salga una nueva y regenerada Rusia o la misma, con otra fachada, de los últimos años, marcada por el tránsito hacia la democracia y el mercado, pero también por el capitalismo salvaje, el compadreo, la arbitrariedad y la corrupción. Suena a tópico, pero Putin sigue siendo un enigma.

Como en el caso de la detención de Gusinski, no hay seguridad de que fuese Putin quien ordenó presionar judicialmente a Potanin, que firmó con otros 16 oligarcas una protesta por el encarcelamiento del presidente de Media Most, único grupo de comunicación crítico. La de Potanin fue, por cierto, la primera firma. Cuesta creer que un simple fiscal dé un paso que podría socavar los cimientos de la reforma económica y espantar a los inversores sin que el presidente esté al tanto.

Potanin fue uno de los padres del esquema de "préstamos por acciones". El mecanismo era muy simple: los oligarcas prestaban dinero a un Estado en bancarrota con la garantía de acciones de empresas clave. Así, Oneximbank, el banco de Potanin, pasó a controlar Norilsk Níquel (tras una subasta dirigida) con un desembolso de 170 millones de dólares (unos 30.000 millones de pesetas), una décima parte de su valor actual, y mucho menos de lo que la compañía ha perdido en tan sólo dos sesiones bursátiles tras conocerse la iniciativa del fiscal moscovita.

Aquella operación se interpretó como un pago diferido al apoyo que Potanin prestó a la reelección de Borís Yeltsin en 1996. No fue el único en hacerlo. Fueron siete, con Borís Berezovski de punta de lanza y Gusinski (ahora arrepentido, tras pasar unas noches entre rejas) de miembro destacado del cartel. Los tres tienen poderosos medios de comunicación que pusieron al servicio del Kremlin, por lo que luego pasaron factura.

Ayer, Potanin proclamó su inocencia, aseguró que la privatización de Norilsk Níquel fue legal y envió una carta a Putin en la que le pide que tome el caso bajo su control directo y le advierte de la necesidad de ofrecer una "buena señal" hacia el exterior, "cuyas inversiones tanto necesita Rusia".

La fiscalía moscovita aseguró ayer que su objetivo es "devolver al Estado las acciones de Norilsk Níquel ilegalmente cedidas". En la lista de demandados no está sólo el Oneximbank, sino incluso los ministerios de Finanzas y Privatizaciones. A causa del número y diversidad de los incluidos en la demanda, el tribunal de arbitraje decidió ayer no examinarla, y pidió a la fiscalía que la clarifique y la divida en dos partes.

Hay grandes y emergentes magnates (como Román Abramóvich y Alexandr Bamut) que no se beneficiaron de aquellas bicocas y querrían corregir ahora esa "injusticia histórica". Pero ningún indicio les señala por ahora como impulsores de esta trama. Además, sería imposible sin Putin, y cuesta creer que éste les deba tanto como para ser su cómplice.

Si se revisa el proceso de privatizaciones (para lo que sobran motivos), se correrá el peligro de ahuyentar a los inversores extranjeros, que aún no saben a qué atenerse con Rusia. Uno de ellos, el húngaro-norteamericano George Soros, fue en 1997 socio de Oneximbank en la subasta del 25% de la teléfonica Sviazinvest. La Telefónica española jugaba en el equipo perdedor.