Los peritos no pueden demostrar que los contratos del 'caso Atlético' sean falsos
Los peritos de la Guardia Civil que han analizado los contratos entre el Ayuntamiento de Marbella y el Atlético de Madrid, fechados en julio de 1991 y julio de 1992, afirman que no se puede saber a ciencia cierta si son auténticos o inventados en 1993, como sostienen el fiscal y la acusación popular.En la sesión de ayer del caso Atlético, el presidente del tribunal, José María Muñoz Caparrós, intervino en varias ocasiones para advertir a los abogados defensores que no interrumpieran a los declarantes.
El teniente coronel José de la Uz afirmó ayer en el juicio del caso Atlético, en la Audiencia de Málaga, que no existen técnicas analíticas que puedan determinar "la antigüedad del papel o de la tinta" de los contratos entre el Ayuntamiento de Marbella y el club de fútbol. En su opinión, ningún examen en este terreno puede ser concluyente. El perito explicó que su Centro de Investigación Criminalista tiene un laboratorio con los medios más avanzados del mundo.La Guardia Civil realizó su informe a petición del juez de Marbella Santiago Torres, que instruyó este caso desde octubre de 1998. El teniente coronel explicó que los membretes del papel utilizado sí se corresponden con los de 1991 y 1992 y aventuró su opinión personal de que "es más fácil que los contratos sean de esas fechas a que se hayan falseado con posterioridad". A preguntas del fiscal Anticorrupción, Carlos Castresana, admitió la posibilidad de que "se pudieran falsear" en 1993 con papel de 1991 y 1992.
Otro perito, Daniel Benedicto Nebreda, a petición de la defensa de Pedro Román, valoró en 8.500 millones de pesetas el valor en publicidad convencional del patrocinio de Marbella en las camisetas del Atlético de en la temporada 1997-98.
El presidente del tribunal, José María Muñoz Caparrós, reconvino en varias ocasiones a los abogados defensores. El magistrado tuvo la actitud más activa de las tres semanas de juicio. La pasada semana, el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, envió al servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial una queja por el comportamiento permisivo que en su opinión estaba teniendo el juez con los acusados.
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