Cabanillas llama "irresponsable" a Chaves por criticar la reforma

El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, calificó ayer de "irresponsable" y "superficial" al presidente de la comisión política del PSOE, Manuel Chaves, por afirmar el pasado jueves que la reforma de la Ley de Extranjería planteada por el Gobierno no es propia de un país democrático. Cabanillas sostuvo que ese proyecto de ley hay que analizarlo desde la perspectiva de la Unión Europea y no como si fuera un conjunto de medidas aplicadas a un fenómeno específicamente español.Y añadió que en otros países, la legislación sobre inmigración "quizá sea [en algunos puntos] todavía más dura" de lo que se plantea aquí. Según el ministro portavoz, la reforma responde a las directrices de la Cumbre de Tampere (Finlandia), por lo que "intentar establecer una comparación o calificar esta ley como ajena, distinta, o que va por caminos diferentes a aquellas que existen en otros Estados [de la Unión Europea], desde un punto de vista político podría ser irresponsable, pero, desde luego, desde un punto de vista jurídico es totalmente inexacto".

Divergencias con la UE

El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, Ramón Jáuregui, replicó que "no es cierto que la Cumbre de Tampere imponga y exija la reforma que el Gobierno ha planteado". A su juicio, el Ejecutivo está escudándose en los acuerdos de esa reunión para impulsar una normativa regresiva. Añadió que la UE está preparando una directiva para favorecer el reagrupamiento familiar de los inmigrantes.

El socialista Alfonso Perales insistió en que la reforma de la ley es "restrictiva, retrógrada y perniciosa para los derechos fundamentales", y señaló que el procedimiento seguido para la reforma "es precipitado y no está buscando ni el acuerdo ni el consenso".

El dirigente de IU Francisco Frutos, manifestó que "es una barbaridad reformar la Ley de Extranjería", y precisó que "son las mafias las que deben tener un tratamiento policial, pero no los inmigrantes". El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Romero, agregó que la reforma proyectada por el Gobierno "es un atropello", refleja "una visión policiaca de la inmigración" y propicia "que haya inmigración clandestina y que ésta sea mano de obra semiesclava para patronos sin escrúpulos".

Después de que el pasado jueves el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, citase a CiU como una de las fuerzas dispuestas a negociar el nuevo proyecto de ley, el diputado de esa coalición Carlos Campuzano matizó que sin garantías en los procesos de expulsión "se está conculcando el Estado de derecho". Campuzano aconsejó al Gobierno que tenga una "actitud flexible" y abogó por que la reforma no se convierta en campo de batalla política.