El GIL aprueba un presupuesto de 22.780 millones para Marbella

Después de dos años de trabajar con unos presupuestos municipales prorrogados, el equipo de gobierno del GIL en Marbella aprobó ayer el del año 2000 por un montante de 22.780 millones de pesetas. Los tres grupos de la oposición ya han anunciado su voto contrario a un presupuesto que tachan de "irreal y poco riguroso", y que llega con dos años de retraso. En cualquier caso, la comisión informativa de Hacienda cumplió ayer con el primer trámite y dio luz verde al nuevo presupuesto gracias a la mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal (GIL). El presupuesto supone un incremento del 19,27 por ciento respecto al anterior de 1998, y ya contó ayer con los votos en contra de PSOE, PP, PA.

El documento deberá someterse todavía a la aprobación definitiva del pleno que se celebrará el próximo viernes. Entre los datos más significativos de las nuevas cuentas figuran 3.645 millones de pesetas que el Ayuntamiento de Marbella confía en ingresar por ventas de terrenos y convenios urbanísticos, 4.934 millones que contempla para inversiones reales y la transferencia de 7.140 millones de pesetas a las sociedades municipales. De estas últimas, la nueva empresa pública Gerencia de Compras, que sustituirá paulatinamente a Contratas 2.000, asume más de la mitad de las inversiones previstas por el consistorio marbellí.

La portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, criticó la demora de unos presupuestos que "se presentan con el ejercicio muy avanzado", así como la "inexistencia de un plan de inversiones y de pago a acreedores, pese a que la deuda acumulada supera los 30.000 millones de pesetas". La edil denunció que el GIL sigue sin entregar el estado patrimonial de bienes inmuebles, y recordó que en la liquidación de 1998 se constatan unos ingresos superiores a los cuatro mil millones de pesetas por enajenación del patrimonio municipal. La concejal del PP, Francisca Caracuel, se quejó de que el equipo de gobierno siga sin incluir la deuda con la Seguridad Social, lo que a su juicio "impide conocer el estado real de endeudamiento".