Economía abre expediente sancionador al Consell por competencia desleal de Infoville

El Ministerio de Economía ha acordado incoar un expediente sancionador a la Generalitat Valenciana por "prácticas restrictivas de la competencia prohibidas" del proyecto informático denominado Infoville, que por iniciativa del Consell se puso en marcha en 1996 en la localidad de Villena (Alt Vinalopó). La subdirección general sobre Conductas Restrictivas de la Competencia, dependiente del ministerio, ha admitido a trámite la denuncia que en enero presentaron los empresarios informáticos de Villena, por competencia desleal, contra los impulsores de Infoville.

La denuncia contra los promotores de Infoville (Generalitat Valencia, Ayuntamiento de Villena y la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información, Fundación OVSI) la tramitó Alfonso Aparicio Sánchez en nombre de la Asociación de Pequeños y Medianos y Empresarios de Villena y Comarca. Este colectivo empresarial basó su demanda en el hecho de que el proyecto Infoville viola la Ley de Defensa de la Competencia de 1987, por subvencionar a particulares la compra de centenares de equipos informáticos, de una misma marca, a precio de coste para promocionar las nuevas tecnologías.La subdirección general sobre Conductas Restrictivas de la Competencia, en una resolución adoptada el pasado día 18, considera que de acuerdo a lo establecido en los apartados 1 y 4 del artículo 36 de la Ley de Defensa de la Competencia procede admitir a trámite la denuncias de los empresarios y, paralelamente, incoar expediente sancionador por "prácticas restrictivas de la competencia prohibidas".

Entidades vinculadas

La resolución señala que las actuaciones "se entenderán con la Fundación OVSI, IBM y CESSER, así como con cualquiera otras personas o entidades que pudieran aparecer vinculadas con los hechos denunciados". La subdirección general ha nombrado también un instructor del expediente. Se trata de Belén Núñez-Lagos, jefa de servicio de este de departamento.

Contra la providencia del Ministerio de Economía no cabe recurso alguno, "sin perjuicio de que su eventual oposición pueda alegarse para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento", precisa el acuerdo. La resolución fija un plazo de 15 días, desde la comunicación del acuerdo, para que las partes imputadas aporten los documentos y propongan las pruebas que consideren oportunas para la defensa de sus intereses.

Por iniciativa del Consell, en 1996 se puso en marcha en Villena un programa experimental que se planteaba acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos de forma masiva. El proyecto supuso el nacimiento de Infoville, una plataforma telemática que promociona la sociedad de la información, una red para conectar el ciberespacio a cuantos ciudadanos estuvieran dispuestos a adaptarse a los nuevos tiempos. Sin embargo, la clave para garantizar el éxito del proyecto pasaba por facilitar a los usuarios la compra de los equipos informáticos. Hasta el 31 de diciembre de 1999, los promotores de Infoville ofrecieron a los usuarios los ordenadores a precio de coste, o muy por debajo de los precios de mercado.

Según datos de los comerciantes, sólo en Villena, las facilidades dadas por Infoville propiciaron la compra de 1.700 equipos informáticos, todos ellos suministrados obligatoriamente por la firma CESSER, distribuidora oficial de los productos de la multinacional IBM en la provincia de Alicante. La gota que colmó el vaso para los comercios privados de la localidad y que les llevó a demandar al Consell fue que en diciembre de 1999 se puso en marcha el denominado Infoville Renove, un plan mediante el cual se ofrecía la sustitución de ordenadores antiguos por equipos de la última generación a cambio de 58.000 pesetas.

La denuncia de los empresario de Villena contó con el respaldo de comerciantes del sector de la informática de otras localidades de la Comunidad como Torrevieja, Oliva, Gandía, Altea, La Vall d'Uixó y Borriana. En estas poblaciones también se ha desarrollado el proyecto Infoville, y los empresarios sostienen que las subvenciones concedidas por la Administración autonómica a los particulares para la adquisición de ordenadores a precio de coste ha destrozado sus negocios. El PSPV también apoyó a los comercios y calificó a Infoville como un" monopolio".

En su día, el director de OVSI, Antonio Peral, restó importancia a la demanda de los comerciantes. "La acusación no se sostiene porque la Fundación no tiene ánimo de lucro", dijo. A juicio de Peral, Infoville no supone ningún perjuicio para los comercios de informática, sino que al contrario, les beneficia. "El 50% de los hogares de Villena están informatizados y el 90% disponen de conexión a Internet", argumentó.