El PSOE duda de que el sustituto de Villalobos pueda ser concejal

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido consulta a la Junta Electoral Provincial sobre la legalidad del nombramiento como concejal de José Antonio Serrano Milanés, del Partido Popular (PP), en sustitución de Celia Villalobos, que dimitió cuando fue designada ministra de Sanidad. Los socialistas entienden que la condición de policía local del nuevo concejal le imposibilita ocupar un escaño en la corporación.No se trata de una cuestión de incompatibilidad, sino de inegibilidad. La Ley de Régimen Electoral General establece que son inelegibles en unas elecciones, entre otros colectivos, "los militares profesionales y de complemento y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Para poder presentarse a unas elecciones, estos funcionarios necesitan solicitar una excedencia antes de que se produzca la votación. El PSOE recordó ayer que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incluye entre éstas a los cuerpos de policía "dependientes de las corporaciones locales".

Los socialistas aseguran que han consultado las actas de los plenos celebrados por la corporación entre marzo y mayo de 1999, periodo que comprende desde la aprobación de las candidaturas hasta la celebración de las elecciones municipales, y que en ninguno de ellos se tramitó, como es preceptivo, la excedencia de Serrano como policía local. El nuevo concejal ocupó el número 22 en la lista del PP, que consiguió 19 concejales. En menos de un año se han producido tres sustituciones, una por fallecimiento y dos por renuncia.

El portavoz socialista, Francisco Oliva, ha asegurado que existen "muchas dudas" sobre la legalidad de que Serrano sea concejal, por lo que ha pedido dictamen a la junta electoral. Lo que no hizo el portavoz socialista fue crítica política del asunto y admitió que probablemente se trate de un olvido sin intención. Sí advirtió de que "la ley es el único freno a la mayoría absoluta" y que hay que velar por su cumplimiento. La dirección provincial del PP ha encargado un informe jurídico sobre la cuestión.