¿De qué pleno empleo hablamos?

En los últimos tiempos parece haber reverdecido el interés por el pleno empleo. No sólo se lanzan mensajes desde altas esferas del poder (Cumbre de Lisboa), sino que los propios gobiernos autonómicos -concretamente el valenciano- e instancias empresariales empiezan a plantear que ciertos territorios de nuestro país ya han alcanzado esta idílica situación.Que el pleno empleo se recupere como objetivo prioritario para los gobiernos es algo de lo que CC OO se alegra y de lo que puede enorgullecerse el movimiento sindical, que nunca lo ha abandonado, ni siquiera cuando los propios gobiernos y partidos opositores consideraban esta idea como algo trasnochado, imposible y proveniente de un anacrónico keynesianismo.

Durante los últimos veinte años, aunque el discurso político haya planteado la reducción del desempleo como objetivo prioritario, la práctica de la política económica lo ha supeditado a otros objetivos que se han presentado como técnicamente previos (inflación, déficit público...) como condiciones necesarias (y suficientes, según los técnicos de la oferta y de la "nueva economía") para la creación de empleo. En nombre de la creación de empleo se han justificado desde los gobiernos y asociaciones empresariales sucesivos ajustes económicos, retrocesos en derechos sociales y una fuerte precarización del mercado de trabajo.

No parece que esta orientación predominante de la política económica vaya a cambiar. Pero más allá de esta discusión, queremos calificar de falacia e irresponsabilidad el hecho de proclamar, como ha hecho algún estamento del poder valenciano, que se ha alcanzado el pleno empleo en algunas de las comarcas y localidades de nuestro país. Y para ello aportamos algunas razones.

En primer lugar, este discurso del pleno empleo se basa en el registro de parados que hace el Inem. No es éste el lugar para reflexionar sobre las razones de la divergencia en la cuantificación del desempleo entre la Encuesta de Población Activa y el paro registrado, por ejemplo, sobre la excesiva depuración del registro de parados que aplica el Inem a partir de criterios administrativos ad hoc. Pero sí hay que decir que la llamada tasa de paro registrado que la Administración arroja a la prensa se obtiene como cociente entre el desempleo registrado mensualmente por el Inem y la población activa estimada por la EPA en el trimestre anterior. Esta agresión metodológica se agrava cuando se pretende descender a nivel municipal o comarcal, para lo que se mezclan arbitrariamente datos del Inem con datos de población activa del censo o padrón de población de años anteriores.

Hay que señalar en este sentido que la única tasa de desempleo metodológicamente aceptable es la que proporciona la EPA y que ésta pueda desagregarse, como mucho, a nivel autonómico y provincial. Y esta tasa de desempleo, que es la que reconoce la Unión Europea en sus estadísticas oficiales, fue en el último trimestre de 1999 de un 13,4% en el País Valenciano (14,6% en Alicante, 7,8% en Castellón y 13,8% en Valencia). Cifras superiores a la media de los países de nuestro entorno y lejanas del pleno empleo. Cabe advertir, además, que el buen momento económico, de crecimiento del empleo, no está siendo homogéneo para todos los colectivos. La tasa de paro para los más jóvenes triplica a la de la población en edades centrales (35,4% frente 11,8%), y la tasa de paro de la mujer es algo más del doble que la de los hombres (21% frente a 9,2%).

En segundo lugar, el análisis del pleno empleo no puede atender sólo a la tasa de desempleo y olvidar una variable básica del mercado de trabajo como es la tasa de actividad, que indica el grado de participación de la población en el mercado de trabajo (como ocupados o parados. En el País Valenciano, la tasa de actividad apenas ha variado en los últimos veinte años y sigue estando muy por debajo de ella de los países europeos más desarrollados (diez puntos porcentuales). Esto significa que un volumen muy importante de la población valenciana en edad de trabajar (un 48%) no participa de ninguna manera en el mercado de trabajo. Si una modernización de las pautas de participación laboral hiciera que la tasa de actividad de las mujeres se situase en valores semejantes al del colectivo masculino, el aparente pleno empleo saltaría en pedazos.

Es necesario recuperar en estos análisis la tasa de empleo que se define como la relación entre ocupados y población en edad de trabajar. En 1977 de cada 100 personas en edad de trabajar, 49 estaban ocupadas mientras que en 1999 únicamente son 44, el mismo valor que se alcanzó en 1990.

Con estos datos se hace difícil hablar de pleno empleo, aunque puedan existir ciertos déficits de mano de obra muy limitados y localizados sectorial y territorialmente. Pero esta posible escasez de fuerza de trabajo no puede confundirse con una situación de pleno empleo. Ofrecemos dos explicaciones alternativas: las penosas condiciones de trabajo y salarios de algunas actividades laborales (que explica porqué se encuentran continuamente en los establecimientos de comida rápida carteles de ofertas de empleo) y la escasez de ciertas cualificaciones en el mercado de trabajo, de la que no hay que culpar sólo al sistema educativo sino a la falta de una adecuada política de formación y contratación estable por parte de las propias empresas, que dificulta la adquisición de una verdadera profesionalidad.

En tercer lugar, el objetivo del pleno empleo no puede resumirse en alcanzar una tasa de paro inferior a un determinado porcentaje. Hay que plantear también la necesidad de un empleo de calidad, que permita una vida digna para el conjunto de los trabajadores, huyendo del argumento simple utilizado durante años por los gobiernos que han presentado la precariedad como un avance frente al desempleo y no como un signo real de fracaso social. Más aún cuando abundan las evidencias sobre negativas consecuencias de la precariedad para los trabajadores, como la elevada siniestralidad y eventualidad laboral que nos caracteriza. Buscar un pleno empleo en base a empleos inestables, ingresos suficientes, falta de protección social y vulnerabilidad frente a la discrecionalidad empresarial no es un objetivo socialmente progresista.

Por tanto, no debemos complacernos con los buenos datos de creación de empleo y reducción de desempleo, sino que deberíamos seguir luchando por aumentar la participación laboral de todos los colectivos de trabajadores y conseguir niveles de calidad de empleo y de la vida superiores a los existentes en estos momentos.

Fernando Casado Carrasco pertenece a la Secretaría de Acción Sindical y Empleo de CC OO-PV y Vicente López Martínez al gabinete técnico del mismo sindicato.