La Diputación de Álava responsabiliza al PNV de las irregularidades que cometió Gordo en la Caja Vital

El diputado general de Álava, Ramón Rabanera, responsabilizó ayer al PNV de las irregularidades cometidas por el empresario inmobiliario José Antonio Gordo, que han supuesto un considerable quebranto económico para la Caja Vital en los últimos años. Rabanera, presidente del PP en Álava, recordó que los nacionalistas "han monopolizado" la entidad durante los últimos 20 años, hasta que el pasado 30 de marzo se consumó el relevo político, al acceder a la dirección Pascual Jover, el candidato propuesto por PP, PSE y UA. "No me extrañó que el PNV hiciera de la Caja Vital un fuerte amurallado cuando se celebraron las últimas elecciones. Tengo la impresión de que hay más profundidad [en las irregularidades] de la que aparece en los medios de comunicación", comentó.José Antonio Gordo y otros socios, según ha desvelado este diario en los últimos diez días, han causado un grave perjuicio a la Vital en varias operaciones inmobiliarias que afectan sobre todo al edificio del número 30 de la calle San Prudencio (ahora alquilado al Ayuntamiento de Vitoria) y al aparcamiento subterráneo del centro comercial Dendaraba. Así mismo frustró un negocio por el que la Caja Vital tenía previsto ingresar 5.000 millones gracias a la venta de un centenar de pisos en el centro de Vitoria.

"El PNV andaba en los órganos de dirección y tiene la responsabilidad, tanto si estaba enterado como si no", criticó Rabanera, que dijo estar "preocupado" por la situación. La Diputación, junto con el Ayuntamiento de Vitoria, es cofundadora de la entidad. El diputado general aplaudió la idea de la nueva dirección de la caja para crear una comisión de investigación. "Es una medida muy higiénica", resumió, al tiempo que aseguró que el nuevo equipo dirigido por Jover ejercerá un cambio hacia "una mayor transparencia y para evitar cosas extrañas del pasado".

Al igual que Rabanera, el Gobierno vasco también expresó por primera vez ayer su opinión, a través del portavoz, Josu Jon Imaz. Éste recordó que el Ejecutivo autónomo encargó un informe en 1998 y que lo remitió a la dirección de la Caja Vital, y se limitó a explicar que el Gobierno actuó como "mero auditor", sin "prejuzgar nada". "Dijo en su día lo que tenía que decir y no le corresponde revelar nada públicamente", comentó Imaz, quien lamentó que las irregularidades se hayan hecho públicas a través de la prensa.