Elkarkidetza hizo de pantalla de Gordo y Valluerca para ofrecer la Casa del Santo

VIENE DE LA PÁGINA 1 El descubrimiento de los aspectos oscuros de la oferta de venta de la Casa del Santo a la Diputación alavesa motivó la creación de una comisión de investigación en las Juntas Generales de Álava y la posterior apertura de diligencias por parte del juez Gregorio Álvarez. Aunque la indagación judicial no se tradujo en imputaciones penales, el trabajo de las Juntas Generales puso de manifiesto "las irregularidades y anomalías" de la operación. En ella se desplegaron, según las conclusiones de la comisión, los ingredientes que han trufado otros negocios inmobiliarios de José Antonio Gordo y alguno de sus socios; entre ellos, las influencias políticas y el uso de información privilegiada.

El ofrecimiento de la Casa del Santo, un edificio del siglo XVIII de estilo neoclásico, se trató de presentar por sus promotores como una suerte de favor a la Diputación alavesa, cuando luego se descubrió un desmesurado encarecimiento del inmueble, que no tenía valor residencial. Quien lo ofreció a la institución a través del entonces diputado de Cultura Pedro Ramos (PNV), fue Elkarkidetza, el fondo de pensiones (EPSV) de los funcionarios vascos, que junto al de Iberdrola (Juan de Urrutia) ha participado en varios negocios con Gordo y Javier Sáenz de Valluerca. En mayo de 1994, la Diputación, gobernada en coalición el el PNV y PSE y presidida por el peneuvista Alberto Ansola, aceptó pagar por el edificio una renta mensual de 2,1 millones, así como asumir la rehabilitación del inmueble. Además, tenía la opción de adquirirla el años 2004 por 213 millones.

Sin embargo, el servicio de intervención del departamento de Hacienda detectó aspectos sospechosos en la operación y el diputado del área, el socialista Roberto San Ildefonso, la paralizó en el mes de julio. Más tarde se descubrió que quien la urdió fue la empresa RJ 21, una sociedad limitada creada ex profeso por el empresario inmobiliario Javier Sáenz de Valluerca, su hermano Ramón y José Antonio Gordo. Éstos habían acordado pagar a la propietaria del edificio una renta mensual de 450.000 pesetas, mientras que Elkarkidetza debía abonar 1,1 millones cada mes a RJ 21. A su vez, Javier Sáenz de Valluerca conseguía para una empresa suya la rehabilitación del edificio sin ningún tipo de concurso.

Y también se supo que, cuatro años antes, en 1990, la Diputación había desestimado un acuerdo directo con la dueña de la Casa del Santo sobre su alquiler por una renta mesual de 225.000 pesetas y la posibilidad comprarlo por 35 millones en el año 2000. Pese a estas maquinaciones, en octubre de 1994 Elkarkidetza demandó judicialmente a la Diputación para que cumpliera el contrato firmado en mayo. Sin embargo, tras el escándalo político que se levantó y las averiguaciones de la comisión de las Juntas Generales, presidida por Patxi Ormazabal (EA), el actual consejero de Vivienda, la EPSV de los funcionarios vascos se avino a renegociar los términos del contrato.

A su vez, una asociación de funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria presentó una denuncia contra Elkarkidetza por "maquinación para alterar el precio de las cosas" y "uso de información privilegiada". El juez del caso Osakidetza, Gregorio Álvarez, la admitió a trámite y abrió diligencias previas sobre lo sucedido, pero no llegó a establecer imputaciones penales respecto a los protagonistas de este episodio.