Anticorrupción insiste en incluir a Cierval en la investigación a CEV

El miembro de la Fiscalía Anticorrupción encargado de investigar el uso de fondos de formación hecho por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente González, ha solicitado, de nuevo, la inclusión en las pesquisas de la patronal autonómica, Cierval. Concretamente, el fiscal ha pedido la aportación al sumario del caso de toda la documentación de la organización que, entre 1993 y 1997, tuviera relación con la gestión de los recursos públicos destinados a la formación de trabajadores.

González intenta dilucidar, en compañía del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, Francisco Barber, si CEV y la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Valenciana (Cepymev) pudieron utilizar fraudulentamente alrededor de 200 millones de pesetas aportados por el Estado para la formación de trabajadores. El Tribunal de Cuentas, el organismo que fiscaliza el uso de la subvenciones estatales, solicitó a la patronal valenciana la devolución de 191 millones de pesetas después de detectar graves irregularidades en el uso de fondos procedentes de la Fundación para la Formación Continúa (Forcem). El mismo tribunal, con carácter inmediato, trasladó su informe a la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó (y consiguió del juez ) la imputación como supuestos responsables de un delito de fraude en las subvenciones de cinco ex altos de la organización empresarial.

Ahora, el representante del ministerio público ha vuelto a solicitar a Barber la inclusión en la investigación de Cierval. González ya hizo esa misma petición el pasado octubre, aunque el juez no accedió a ella al entender que no existían indicios de que la patronal autonómica (la actividad de CEV se circunscribe a Valencia) estuviera implicada en el posible delito.

El fiscal anticorrupción ha insistido a la vista de la petición del perito encargado de rastrear el destino del dinero que pudo ser defrauado. Joaquín Falomir, inspector de Hacienda, ha solicitado un gran número de documentos (básicamente, la contabilidad) de CEV, Cepymev y Cierval entre 1993 y 1997. En caso de que la documentación se adjuntara, y de que del estudio de ésta se dedujera alguna posible ilegalidad, el fiscal, presiviblemente, solicitaría la imputación de los responsables de Cierval en el mencionado periodo.

En cualquier caso, varios de los abogados de los imputados en el caso -incluido el letrado de CEV, organización también imputada- se oponen a la petición del fiscal. Principalmente, por dos razones: la inexistencia de referencias a Cierval en el informe del Tribunal de Cuentas o en el mismo sumario del caso y la ausencia de la organización en el procedimiento, iniciado hace más de un año, en marzo de 1999.

Además, aunque Cierval y CEV compartían presidente entre 1993 y 1997 -José María Jiménez de Laiglesia- tenían diferentes secretarios generales. Rafael Montero en el caso de la patronal autonómica, Luis Espinosa en el de la de Valencia. Según fuentes cercanas al caso, éste detalle no es fútil.

De hecho, la mayoría de los empresarios y cargos técnicos de la patronal que han comparecido en el juzgado han señalado a Espinosa, que dimitió como responsable de un departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores por su implicación en el caso, como el responsable de gestionar todos los aspectos relacionados con los fondos de formación.