Asuntos Sociales calcula que la aplicación de la ley del Menor costará 13.800 millones de pesetas

La aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entrará en vigor el próximo mes de enero, implicará una sustanciosa inversión de dinero público para construir centros específicos donde los jóvenes infractores cumplan sanciones. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, aseguró que habilitar la infraestructura prevista en la ley en Andalucía costará 13.800 millones para dar cabida a los 9.000 menores, que estarían afectados por la nueva legislación. Los expedientes de infracciones de jóvenes se han incrementado un 30% en tres años.

Isaías Pérez Saldaña, un día después de reunirse en Madrid con sus colegas de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, exigió que el Gobierno central entregue las transferencias -los centros y los menores dependerían de los gobiernos autonómicos- con los recursos económicos necesarios para poder ajustarse a lo previsto en la norma. El consejero defendió el espíritu de la ley de responsabilidad penal del menor, que entra en vigor el 13 de enero de 2001, por su carácter "progresista". "Es buena porque garantiza los derechos de los menores, pero sería un fraude de ley si no pudiéramos hacer frente", agregó.Con esta legislación, que eleva la edad penal de los menores de 16 a 18 años, los jóvenes recluidos en cárceles pasarán a cumplir sus condenas en centros específicos. A día de hoy, saldrían de las prisiones andaluzas 200 reclusos que no alcanzan la mayoría de edad para ingresar en estas instituciones. Sólo en Andalucía sería necesario construir cinco centros de estas características (en la actualidad hay dos), que exigirían una inversión de 5.800 millones de pesetas. A esta cantidad, Pérez Saldaña suma otros 8.000 millones de pesetas para sufragar el mantenimiento, los programas y el seguro de responsabilidad, lo que elevaría la inversión necesaria en la Comunidad hasta los 13.800 millones de pesetas durante el primer año de aplicación de la ley.

El consejero criticó la dotación presupuestaria fijada por el Gobierno para aplicar el nuevo marco legal, que se reduce a 5.000 millones de pesetas para todo el territorio estatal. "La ley deriva competencias del Estado a las Comunidades Autónomas y no se pueden trasladar sin los recursos necesarios", adujo. El nuevo texto legal establece, además, otro tipo de instalaciones como centros de día, para aquellos menores que cometan algún tipo de falta o deban someterse a tratamientos de desintoxicación.

Más delincuencia juvenil

El incremento que está experimentando la delincuencia juvenil invita a creer al responsable de Asuntos Sociales que las necesidades de dotaciones también crecerán. En los últimos tres años, los expedientes de menores infractores han aumentado en Andalucía en un 30%.

Pérez Saldaña atribuye esta tendencia a la "complejidad" de los adolescentes y, sobre todo, al aumento de menores inmigrantes que "quieren ganar dinero y a veces caen en los mecanismos de la delincuencia". En cualquier caso, el consejero le quitó hierro al asegurar que este perfil es habitual en otros países europeos y que España comienza a asemejarse.

Los gobiernos autonómicos, que están en manos del PSOE, han hecho un frente común para reclamar una reunión urgente con el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, para tratar todos los problemas derivados de la aplicación de la ley. Los consejeros de asuntos sociales creen indispensable que se amplíe un año más la actual moratoria y se retrase la entrada en vigor del texto legal hasta enero de 2002.

Este plazo, según Pérez Saldaña, tendría incluso que demorarse más si los acuerdos entre las autonomías y el Gobierno no se adoptan antes del verano. "Sería una irresponsabilidad poner en marcha esta ley sin recursos", recriminó. El consejero de Asuntos Sociales aseguró que la construcción de este tipo de centros resulta especialmente delicada, tanto a la hora de elegir su ubicación como por las características de las instalaciones. La ley prevé que los centros tengan salas de bis a bis y áreas para la estancia de los hijos de jóvenes padres. El coste diario de la estancia de un joven en un centro como los contemplados en la ley ronda las 30.000 pesetas, frente a las 6.000 pesetas que cuesta la estancia de un recluso en una prisión al día. "Pero está claro que, en el sistema penitenciario, estos chicos se convierten en más delincuentes", puntualizó.

Los consejeros socialistas pretenden lograr el apoyo de las autonomías gobernadas por el PP en la reivindicación que trasladarán al Ejecutivo para retrasar la entrada en vigor de la ley y lograr más fondos.