El Gobierno de CiU dio la red de enlaces a ACESA para evitar que cayera en manos no catalanas

VIENE DE LA PÁGINA 1 Triadú tuvo que emplearse a fondo para defender esta operación económica. Según el consejero, el Gobierno prefirió la adjudicación directa porque en las subastas "el único criterio es el que paga más". En cambio, la Generalitat pretendía que la empresa beneficiaria cumpliera determinadas condiciones: poseer una red de infraestructuras complementaria; no ser prestadora de servicios finalistas de telecomunicaciones; una gran solvencia económica con un accionariado estable y que estuviera radicada en Cataluña y no fuese "de fuera". Para Triadú, después de negociar con distintas compañías, ACESA era la que cumplía todos los estos requisitos. El consejero de Presidencia subrayó que la operación no supone la venta de ningún activo de Difusión Digital y anunció que la intención del Ejecutivo es desprenderse de otro importante paquete accionarial en la empresa, que podría comprar la estadounidense Crown Castle, y quedarse tan sólo con un 25%. La privatización de la red de enlaces no fue el único tema que despertó los ataques de la oposición, mientras un PP absolutamente contemplativo se limitaba a pedir que la sucesión de Pujol no interfiriese en la acción de Gobierno.

La voluntad expresada por Triadú de potenciar el Patronato Catalán ProEuropa, dirigido por el eurodiputado convergente Carles Gasòliba, sirvió a socialistas, republicanos y ecosocialistas para arremeter contra el uso partidista que, a su juicio, hace Convergència i Unió de este organismo. "Estoy de acuerdo en que debe ser un lobby, pero un lobby de una nación, no de una coalición", le espetó a Triadú el parlamentario Josep Casajuana, del PSC-Ciutadans pel Canvi. Para el consejero, las competencias en materia de Unión Europea pertenecen a su departamento y no al de Gobernación, de Josep Antoni Duran Lleida, porque afirmó: "Nosotros entendemos que Europa es nuestro país".

Joaquim Triadú se comprometió a entregar, antes de finalizar este año, un proyecto de ley para regular la publicidad institucional de las administraciones públicas catalanas. En este sentido, Joan Ridao mostró su satisfacción por este anuncio porque acabará, según dijo, con la utilización en beneficio propio que hace CiU de las campañas de la Generalitat. "El año pasado, con elecciones autonómicas, la Generalitat se gastó 1.724 millones de pesetas, 380 de los cuales se destinaron a la campaña Un pais que creix".

La comisión parlamentaria de Gobierno Local aprobó ayer por unanimidad una moción para que los alcaldes y concejales, con o sin dedicación exclusiva, puedan cobrar el subsidio de desempleo al cesar en sus cargos.