Zaplana 'congela' la remodelación del Consell en espera de nuevos nombramientos en Madrid

El nombramiento de Carmen Mas, hasta el viernes consejera de Bienestar Social, como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha precipitado una necesaria remodelación del Consell. Sin embargo, Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, parece no tener ninguna prisa. Su portavoz se ha limitado a comunicar que esta semana no se celebrará pleno del Consell. Y es que Zaplana abriga la esperanza de que el Consejo de Ministros disponga el viernes de algún otro "alto cargo" de la Generalitat para completar el organigrama del Gobierno central.

Las dudas que surgen en el entorno del presidente refieren, sobre todo, a la altura del cargo en cuestión. Se da por hecho que cuando se desliza la mención a un alto cargo, se alude a uno de los actuales consejeros.El sueño sería introducir a un directo colaborador de Zaplana en alguna de las escasas plazas vacantes del organigrama del Ministerio de Fomento. Si Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente, ha hecho honor a su amistosa relación con Zaplana y ha nombrado a Carmen Martorell, ex directora general de Universidades de la Generalitat, como secretaria general del ministerio, ahora correspondería a Francisco Álvarez Cascos, responsable de Fomento, acordarse de quienes se preocuparon de animarle cuando pasaba horas bajas en la vicepresidencia del Gobierno y tuvo que dejar la secretaría general del PP. Zaplana aprovechó entonces su innegable talento natural para las relaciones personales y cimentó una fuerte amistad con Álvarez Cascos.

El candidato natural a ocupar un puesto en la Administración central del Estado cuando José María Aznar, presidente del Gobierno, empezó a rotular su cuaderno azul era José Ramón García Antón, actual consejero de Obras Públicas.

Sin embargo, desde su discreta posición de técnico sin mayores ambiciones políticas, García Antón se ha convertido en una de los puntales del actual Consell. El consejero de Obras Públicas accedió al cargo de rebote cuando Luis Fernando Cartagena presentó su dimisión en marzo de 1998, pero después de poco más de dos años al frente de Obras Públicas tiene difícil recambio en el equipo del presidente. Su traslado a Madrid generaría más quebraderos de cabeza que otra cosa.

Además, difícilmente se podría considerar un ascenso situar a un consejero como director general del Gobierno central y la plaza de secretario de Estado de Infraestructuras ya la ha ocupado Benigno Blanco, antes secretario de Estado del Agua, que mantiene una magnífica relación personal con García Antón y comparte con el consejero la condición de experto en cuestiones hidráulicas.

El asunto Cervera

Pero al margen de la lectura feliz, el Consejo de Ministros podría prestarse a otro movimiento que libraría a Zaplana de uno de sus actuales quebraderos de cabeza.

Destacados representantes del PP de la Comunidad Valenciana en Madrid han barajado la posibilidad de proponer a José Emilio Cervera, actual consejero de Sanidad, para un alto cargo en la Administración central. La jugada permitiría a Zaplana resolver uno de los entuertos más sonoros que han surgido en el escaso año de vida de su primer Consell desde que goza de mayoría absoluta.

La vinculación de la esposa de Cervera con la empresa IBM, uno de los mayores proveedores de la Administración autonómica en materia de equipos informáticos, han sembrado muchas dudas sobre la equidad de su gestión al frente de la subsecretaría para la Modernización de las Administraciones Públicas. El hecho de que Cervera dejara de mencionar una sociedad limitada que constituyó su esposa, dedicada precisamente a prestar servicios informáticos, cuando hizo la declaración de bienes que deben cumplimentar los altos cargos de la Generalitat, sólo ha contribuido a debilitar su posición.

Sin embargo, Cervera parece sentirse muy seguro y no se le ha ocurrido poner su cargo a disposición del presidente a pesar de la evidente presión ejercida desde el Palau de la Generalitat a través de filtraciones interesadas.

Cervera difícilmente podría rechazar una oferta del Consejo de Ministros, aunque de hecho supusiera un descenso relativo. La maniobra pasaría por situar Cervera en un discreto cargo del segundo escalón de la Administración central, donde resultaría mucho más vulnerable si se optara por prescindir de sus servicios en un plazo prudente.

Pero la jugada tiene un coste, si Cervera accediera a un puesto en la Administración central, la historia de su trayectoria al servicio de la Generalitat durante la pasada legislatura cobraría dimensión nacional.