La autoridad reguladora francesa se opone a la subasta de telefonía móvil

La autoridad independiente que regula las telecomunicaciones en Francia arrojó ayer un jarro de agua fría a la idea, vista con interés por un sector del Ejecutivo, de adjudicar mediante subasta las cuatro licencias de telefonía móvil de tercera generación UMTS. El organismo defiende la selección en función de la cobertura del territorio, el servicio general, el desarrollo del mercado y la innovación tecnológica, y está abierto a la alternativa de reclamar "un precio de entrada" a las compañías seleccionadas.

Lejos de dejarse seducir por el ejemplo británico, que ha permitido al Gobierno de Tony Blair embolsarse casi 38.000 millones de euros (6 billones de pesetas), los expertos del ART (Autoridad de Regulación de las Telecomunicaciones) de Francia se han ratificado punto por punto en su rechazo al sistema de subasta. Aunque las opiniones de este organismo creado en 1997 y dirigido por cinco especialistas no es vinculante para el Gobierno francés, su criterio puede pesar y mucho en la decisión que el Ejecutivo de Lionel Jospin debe adoptar antes de mediados del próximo mes de junio. De momento, el rechazo frontal del ART surte de poderosos argumentos a los sindicatos y a todos aquellos políticos que se oponen al sistema de subasta por considerar que el incremento de la inversión que conlleva la puja repercutirá finalmente en la factura del consumidor.

Tan bienpensantes argumentos se alían en el presente caso con un cierto proteccionismo francés y con los intereses de los propios operadores nacionales, nada interesados en enzarzarse en una batalla de desgaste teóricamente abierta a los competidores extranjeros. Sea cual sea la fórmula, casi nadie duda en Francia de que las tres primeras licencias irán a parar a France Télécom, Bouygues y Cegetel-Vivendi. Las dudas se sitúan casi exclusivamente en la cuarta licencia, a la que aspira la también francesa Suez Lyonnais y donde el consorcio en el que se encuentra Telefónica cuenta con alguna opción. Al igual que en su anterior informe de marzo pasado, "consensuado totalmente con los operadores" del sector, el ART defiende la selección pura y simple en función de principios como el de la cobertura del territorio, el servicio general, el desarrollo del mercado y la innovación tecnológica.

Ese organismo con autoridad para instruir las demandas de licencias, adjudicar las frecuencias, aprobar las tarifas de interconexión y arbitrar en los litigios, sostiene que el juego de la subasta supondría para el consumidor un sobreprecio anual de 2.000 francos (50.000 pesetas) partiendo del dato de que los operadores que consigan imponerse tendrán que multiplicar por dos el desembolso previsto. A su juicio, al privilegiar el aspecto puramente financiero, la subasta entraña el riesgo añadido de hacer desaparecer del mercado a los operadores de la segunda generación (GSM).

El ART se muestra igualmente sensible a las severas correcciones que el mercado bursátil está infligiendo estos días a los tres grandes operadores que aspiran a llevarse las licencias.

Coste para el consumidor

Jean-Michel Hubert, presidente del ART, aseguró ayer que la fortaleza financiera de las mismas empresas podría verse en peligro "e impedirles participar en las subastas por las licencias en otros países" si el sobrecosto de la operación no repercute en la factura al consumidor.

Consciente, sin embargo, de que la fabulosa suma ingresada en las arcas públicas británicas supone una tentación demasiado fuerte para el nuevo titular de Economía y Hacienda, Laurent Fabius, el presidente del ART dijo estar abierto a la alternativa de reclamar "un precio de entrada" a los cuatro seleccionados. Hubert manifestó que "tiene que haber una solución" que permita a la vez conjugar el interés del contribuyente, el del accionista y el del consumidor.

Las licencias de telefonía de tercera generación UMTS, que dota a los teléfonos móviles de servicios multimedia, se adjudicarán en Francia en 2002.