El Ayuntamiento de Barcelona, responsable civil en el crimen de la Villa Olímpica
El juez que investiga el asesinato de Carlos Javier Robledo, de 22 años, tras recibir una brutal paliza el 1 de abril en la Villa Olímpica ha imputado al Ayuntamiento de Barcelona como responsable civil subsidiario de los hechos y le ha exigido una fianza de 200 millones de pesetas.El magistrado considera que no adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la zona. La resolución del magistrado Adolfo Fernández Oubiña, que hoy será notificada a las partes, razona la responsabilidad civil del consistorio en el hecho de que el ayuntamiento consiente a este tipo de locales "sobrepasar los horarios de cierre y despacho sin límite de bebidas alcohólicas y pócimas no especificadas a muchachos en la incertidumbre de la mayoría de edad" sin adoptar "las mínimas medidas de seguridad".
El juez apoya este argumento en "las constantes quejas" expresadas por el presidente de la Asociación de Vecinos de la Villa Olímpica, a quien hoy ha citado a declarar en calidad de testigo y a quien ha solicitado que aporte las quejas que pudiera haber presentado en los últimos meses al Ayuntamiento reclamando más seguridad en la zona. El juez recuerda que el presidente de esta asociación había denunciado, antes de producirse el crimen, la conflictividad que se vivía en la zona.
Las acusaciones particulares que ejercen la abogada de la familia de Robledo y el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, de donde era vecino el fallecido, habían solicitado que se declarara la responsabilidad civil subsidiaria y solidaria del consistorio barcelonés y de la discoteca Back Fire, en cuyas inmediaciones se produjo el crimen.
El concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall,señaló ayer que el auto judicial, al que calificó de "poco solvente", demuestra un "profundo desconocimiento" de cuál es la tramitación administrativa de las irregularidades que puedan cometer locales de concurrencia pública. Esta discoteca acumulaba 55 denuncias y se le habían abierto tres expedientes sancionadores. Uno de ellos acabó en multa, otro con una propuesta de otra multa de 750.000 pesetas y un tercero con la propuesta de cierre por espacio de seis meses.
En cuanto a la seguridad en la zona, Maragall dijo que a nadie "le gustaría que la solución pasara por un policía en cada esquina".
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