Los sindicatos plantan cara a Aznar

Los sindicatos CCOO y UGT auguran un proceso de diálogo social "con muchas dificultades". Ayer sus líderes, José María Fidalgo (CCOO) y Cándido Méndez (UGT), advirtieron al Ejecutivo que adoptarán todas las "medidas necesarias" para lograr que se atajen en España dos problemas prioritarios: una tasa de accidentes laborales similar a la de países subdesarrollados y una eventualidad que alcanza al 33% de los trabajadores, y directamente relacionada con la alta siniestralidad. En caso contrario, tienen en su agenda una huelga general para el próximo otoño.La dureza que vienen mostrando los dirigentes sindicales en la últimas semanas "no es una campaña propagandística" de cara al Primero de Mayo, como ha interpretado el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. La fiesta del trabajo se desarrollará mañana con esas reivindicaciones, pero las piensan mantener más allá de los eslóganes.

El Gobierno se puede encontrar con una rotunda contestación si no tiene en cuenta en el próximo proceso de diálogo las reclamaciones de las dos centrales para que se aborden soluciones contra unas cifras récord en la Unión Europea en siniestralidad y en temporalidad en la contratación.

1.570 muertos al año

Los accidentes laborales causaron el año pasado en España 1.570 muertos, la cuarta parte del total de la UE. Un dato en el que la eventualidad actúa como uno de los principales elementos de riesgo en el puesto de trabajo.

Méndez y Fidalgo aseguraron ayer que van a "calentar el ambiente social para que nadie se olvide de esos dos problemas", y de la necesidad de mejorar la protección social que ahora excluye al 50% de los parados. Serán sus principales reivindicaciones en la Fiesta del Trabajo y en las negociaciones posteriores con el Gobierno y la patronal.

Los dos dirigentes utilizaron expresiones contundentes para avanzar cuál será su estrategia para lograr que se adopten medidas contra lo que consideran "una lacra que hay que exterminar". "Tenemos una buena Ley de Prevención de Riesgos pero no se cumple", dijo Fidalgo. "Y no vamos a quedarnos con los brazos cruzados".

El líder de UGT dejó claro que plantearán "una exigencia muy dura para que se cumpla la ley", y si no se adoptan las medidas para velar por el respeto a las normas legales "se va a armar", y "en su momento" adoptarán "todas las medidas oportunas".

Los dos dirigentes rehusaron, por pura táctica, mencionar expresamente la convocatoria de una huelga general, pero esa respuesta está ya en sus planes para convocarla el próximo otoño si sus propuestas no son atendidas.

Unas prioridades que llevarán a las mesas de negociación y que los sindicatos consideran discordantes con uno de los principales mensajes lanzados la semana pasada por el presidente José María Aznar en su discurso de investidura: el déficit cero para el año 2001. Para las dos centrales es "absolutamente injusto" que el Gobierno prepare nuevas rebajas fiscales para las rentas más altas mientras "más de 100.000 familias no reciben ninguna prestación por desempleo". Los dirigentes sindicales van a exigir que se reconozca un derecho subjetivo para los parados con cargas familiares y mayores de 45 años, y no se conformarán con que se proporcione a una parte de los desempleados "un sobre para quienes hacen un curso de formación".

En la protección social, un capítulo que también consideran importante, se refiere a los trabajadores que son obligados a prejubilarse y que ven mermada sensiblemente la cuantía de su pensión. Esa propuesta la llevarán al Pacto de Toledo, junto a la exigencia de que se extienda a todos los trabajadores el derecho a la jubilación anticipada, ahora limitado a quienes empezaron a cotizar a la Seguridad Social antes de enero de 1967. Un acceso que pretenden que sea digno y sin los actuales coeficientes reductores, que recortan la pensión un 40% para quienes se retiran a los 60 años.

Adelanto de la jubilación

El adelanto de la jubilación es discordante con el objetivo del Gobierno, que pretende en cambio dar incentivos para los trabajadores que retrasen su retiro más allá de los 65 años de edad. Fidalgo avanzó que aplazar la jubilación es ya un derecho individual reconocido en la ley, pero está lejos de sus propósitos aceptar que se incentive con dinero público, con una situación de paro que afecta al 15,4% de la población activa.

Tampoco existe sintonía con el Ejecutivo en otros asuntos sugeridos en la campaña electoral, y entre ellos la reapertura del debate para reformar la Ley de Extranjería. Méndez lanzó un llamamiento al Gabinete de Aznar "para que no cometa el error de atizar el debate que pretende recortar derechos en la Ley de Extranjería".

En la reforma del mercado de trabajo, las centrales piden al Gobierno que no se inmiscuya en el diálogo entre los sindicatos y la patronal CEOE. Y rechazan que se aplique más flexibilidad, en un mercado que no consideran rígido y que cuenta con un 33% de trabajadores temporales, la tasa más elevada de la UE. Su disposición es negociar, pero Fidalgo marcó estos límites: "Ni por la primera vía ni por la tercera vía nos van a colar el modelo social de Estados Unidos".

El distanciamiento se ha iniciado ya con el rechazo al Plan de Empleo, aprobado el viernes en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, y cuyo contenido Méndez calificó de "trámite burocrático" ante Bruselas.

Las centrales expondrán esas demandas en las manifestaciones unitarias que realizarán mañana en las principales ciudades españolas, con el lema "trabajar para vivir", y en reivindicación de un empleo que permita vivir dignamente. El desarrollo de sus propuestas lo van a debatir las ejecutivas de los dos sindicatos a partir de la próxima semana.