El fiscal concluye que hay indicios de delito en el 'caso Huarte'

La Fiscalía Anticorrupción considera que la instrucción del caso Huarte, en el que se investiga el presunto desvío de 30.000 millones de pesetas de las arcas de la constructora, ha concluido y que existen indicios de delito. El fiscal Alejandro Luzón ha solicitado al juez Manuel García Castellón que termine las diligencias que inició en 1996, dicte auto de procedimiento abreviado y dé traslado a las acusaciones para su calificación. Mario Caprile, ex presidente de la compañía, está acusado de estafa, apropiación indebida y falsedad.

Huarte, una de las principales empresas del sector de la construcción, suspendió pagos en 1996, dejó un pasivo de 90.000 millones de pesetas y un rosario interminable de acreedores, en su mayoría subcontratistas, algunos de los cuales llevaron a los tribunales a los ex responsables de la compañía. Tras el desastre, la constructora navarra fue absorbida por Obrascón y hoy forma parte de la empresa OHL.Durante la instrucción de la causa, Mario Caprile, ex presidente de Huarte; Joaquín Casasús, ex vicepresidente, y otros cinco directivos de la empresa han declarado en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en calidad de imputados y han negado los delitos de los que se les acusa.

Los informes periciales emitidos en 1999 no han sido favorables para los imputados. Dieciséis sociedades vinculadas a los miembros del consejo de Hasa y Huarte facturaron a esta constructora 2.000 millones de pesetas, entre 1991 y 1995, por trabajos de cuya existencia dudan los fiscalizadores judiciales. Muchos de estos supuestos servicios no constan en los archivos ni en las actas del consejo. Dos de esas empresas servían para retribuir a Caprile y a Casasús.

Otro informe pericial asegura que entre 1992 y 1995 salieron de las cuentas de la compañía más de 7.500 millones para operaciones que no han podido acreditarse. Según los peritos, los destinatarios de estos fondos tampoco han logrado ser identificados.

Pagos por comisiones

El pago de 323 millones en comisiones por unas obras en Indonesia cuyo concurso no se ganó; contratos sospechosos; talones millonarios para directivos, y la compra por Huarte del edificio situado en el número 42 de la madrileña calle de Josefa de Valcárcel, donde instalaron sus oficinas, son otros de los misterios de los que deberán responder los directivos que finalmente sean imputados.

Manuel García Castellón, el juez instructor de la causa, estudiará en las próximas semanas el cierre de la investigación solicitado por la fiscalía en un reciente escrito. El pasado día 5, el magistrado no aceptó la petición de sobreseimiento y archivo de la causa pedida por Domenico Moro, Giuseppe Gatto, Jacinto Rey, Manuel Estévez y Víctor Moro -vinculados en su día a Huarte e investigados en este caso-, por no estar finalizada la instrucción de la causa.

Los dos primeros fueron consejeros de Huarte en representación de Fiat Impresit, accionista de Hasa; los tres últimos eran los representantes de Constructora San José en el consejo de Huarte, aunque sólo ocuparon ese puesto durante escasos 30 días.

Con el mismo argumento, el juez rechazó la petición de sobreseimiento de Luis Prenafeta, ex secretario de Jordi Pujol, imputado por el pago de 458 millones de pesetas de Huarte a varias de sus sociedades, al desaparecido diario barcelonés El Observador, del que fue impulsor, y a sociedades inactivas. Y la de Juan Manuel Rosillo (John), imputado por los mismos hechos.