Manglano se niega a declarar ante el juez sobre el supuesto espionaje del Cesid a HB

Emilio Alonso Manglano, ex director general del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), se negó ayer a declarar ante el juez que lleva el caso de las supuestas escuchas realizadas por este servicio secreto a Herri Batasuna en su sede de Vitoria. Manglano compareció como imputado ante Mariano Herrero, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital alavesa, y justificó su negativa a hablar en que los datos solicitados afectan a la seguridad del Estado y están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.

Emilio Alonso Manglano advirtió al juez Mariano Herrero de que, si declaraba, podía incurrir en un delito y recordó que la materia en cuestión está clasificada, según comentó al finalizar la sesión el abogado Íñigo Iruin, representante de la acusación particular, Herri Batasuna. Las escuchas en la sede de la coalición independentista fueron destapadas en 1998, pero según Iruin se realizaban desde 1992.Este letrado se quejó de la lentitud de los trámites judiciales y aseguró que se ha producido un delito de escuchas ilegales a un partido. Por eso volvió a pedir que, además de Manglano y el actual director del Cesid, Javier Calderón, se impute en la causa a los otros dos directores del centro entre 1992 y 1998, periodo del presunto espionaje: Félix Miranda y Jesús del Olmo. La acusación particular también pretende que se acuse a dos jefes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales por entender que los agentes encargados de realizar las supuestas escuchas a HB eran miembros de este grupo, uno de cuyos responsables fue el ex coronel Juan Alberto Perote, condenado por escuchar desde el Cesid a personalidades públicas.

Además de Manglano, ayer prestó declaración como testigo el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, quien fue citado porque se presentó ante el juzgado de guardia la misma tarde en que se descubrió el supuesto espionaje.

Tras declarar ante el juez, Villar explicó en los pasillos de la Audiencia alavesa que acudió al juzgado de guardia de Vitoria el 31 de marzo de 1998 a petición del coronel responsable del Cesid en Álava y a "título informativo". "Desconozco por completo lo relacionado con el espionaje porque es un tema que no me ha ocupado ni me ocupará", concluyó.

El caso del presunto espionaje del Cesid a HB saltó a la luz pública el 31 de marzo de 1998, cuando, al parecer, los técnicos que iban a proceder a cambiar la centralita de teléfonos descubrieron unos cables que procedían del piso superior, desde donde se interceptaban las conversaciones telefónicas.

La juez Carmen Lasanta, titular entonces del Juzgado de Instrucción número 2, se encargó del asunto. Tomó declaración como imputados a varios miembros del servicio secreto y a Calderón, quien también se amparó en la Ley de Secretos Oficiales para no decir nada.

El Consejo de Ministros se negó a desclasificar los datos sobre escuchas del Cesid que le reclamó Lasanta alegando que afectaban de lleno a la lucha antiterrorista. Posteriormente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no admitió a trámite, por un defecto de forma, el recurso presentado por HB para que se revisara esa decisión.