Anticorrupción se queja del control del fiscal general en los casos que afectan al poder

El control del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, respecto de la Fiscalía Anticorrupción se intensifica en aquellos casos que afectan al poder, según se explica en la Memoria de este último órgano correspondiente a 1999. En el documento se precisa que ese control es especialmente significativo debido a la falta de garantías de independencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno."La institucionalización de la Fiscalía Especial", dice la Memoria, "está consagrando un modelo de ministerio fiscal restrictivo de los principios democráticos que venían rigiendo desde 1981 y que no admite otra interpretación que la de intensificar el control del Fiscal General del Estado cuando la Fiscalía Especial se enfrenta a la delincuencia del poder público y económico. Control que tiene una especial significación cuando, por más que la Constitución y el Estatuto proclamen la sumisión del Ministerio Fiscal a los principios de legalidad e imparcialidad, no está aún garantizada la efectiva independencia del Fiscal General del Estado respecto del Ejecutivo".

El fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, confía en que el problema pueda solucionarse con el modelo de fiscal que se diseña para la UE, "con independencia respecto de los órganos comunitarios y entidades nacionales", y que eso contribuya a avanzar en esa dirección en España.

Villarejo reclama que por ley se asignen más competencias a la Fiscalía Anticorrupción, como la persecución de "los delitos relativos al mercado y a los consumidores, los societarios y el blanqueo de capitales, entre los más relevantes". Mientras, espera que el fiscal general dé contenido a la fiscalía y le atribuya el conocimiento de "asuntos específicos no incluidos" hasta ahora, "en función de sus características y trascendencia".

Inherente al sistema

La Memoria indica que, "ciertamente, la corrupción ha existido siempre. Pero tenemos que reconocer que, en las últimas décadas, la corrupción ha modificado de manera evidente sus características esenciales, ha profundizado su presencia en todas las Administraciones Públicas, ha superado el marco de las conductas individuales y se ha convertido en fuente de deterioro sistemático de los presupuestos públicos en proporciones de enorme gravedad". "La corrupción de hoy", agrega, "es inherente al sistema económico y político".

Los inculpados en casos importantes, explica, utilizan todos los medios para defenderse, obstaculizando la investigación y desacreditando a los encargados de la misma. Por ello, considera que la Fiscalía del Estado debe otorgar públicamente el amparo a los fiscales que han sido objeto de ataques.