Naima ya puede ir al médico

Se llama Naima, tiene 39 años y ayer se convirtió, por unos instantes, en el objetivo de cámaras y micrófonos. A las 10.30, una funcionaria de la Oficina de Extranjería de Ceuta la llamaba para imprimir su huella dactilar en unos documentos con los que ha soñado los últimos 20 años, los mismos que lleva viviendo en el pasaje del Recreo, una barriada humilde y marginal en el centro de la ciudad autónoma. Veinte años en los que su situación jurídico-administrativa era la de indocumentada. "Estoy muy nerviosa. No sé ni qué decir", comentaba ayer tras ser asaltada por los periodistas, convocados por la Delegación del Gobierno para asistir en directo a las primeras regularizaciones de inmigrantes acogidos a la nueva Ley de Extranjería.Naima, que nació y se crió en Tetuán, una populosa ciudad del norte de Marruecos -situada a unos treinta kilómetros de la frontera con la ciudad autónoma-, consiguió ayer "los mismos derechos que un español", afirma orgullosa.

Naima el Messari cruzó la frontera de Marruecos con Ceuta cuando tenía 19 años. Iba en busca de un futuro mejor. "Es muy difícil vivir allá", asegura. Aprovechó las especiales circunstancias de los marroquíes que residen en la provincia de Tetuán -que no necesitan visado para cruzar a Ceuta- y se quedó en la ciudad norteafricana. En Ceuta se ha casado con un español y ha tenido un hijo, Juan José, que ya tiene 16 años. A pesar del tiempo transcurrido, a Naima todavía le cuesta trabajo hablar español. Se expresa mejor en árabe, idioma que habla normalmente en su vecindario, de mayoría musulmana, y también en su casa. "Vine a preguntar por casualidad, porque nunca he tenido papeles y me hacían mucha falta, sobre todo para el médico. No sabía nada de la Ley de Extranjería, y en la Delegación del Gobierno me dijeron que esperara, que en unos días habría una nueva ley que me facilitarían los documentos", explica rodeada de las amigas con las que acudió ayer a la Oficina de Extranjería. Aunque no han sido pocos los problemas con los que se ha encontrado para regularizar su situación: "Me han tenido mucho tiempo de un lado para otro. Que si visados, que si cartilla, papeles del matrimonio... Ha sido todo muy difícil. He tenido que ir dos o tres veces al consulado de España en Tetuán. Ni ellos mismos sabían lo que tenía que hacer, así que no fui más, hasta ahora", explica con una sonrisa cómplice.

Naima, que no trabaja -"para eso está mi marido", dice riendo-, ya no tiene casi familiares a quienes visitar al otro lado de la frontera, ya que poco a poco han ido llegando a Ceuta y echando raíces: "Sólo me queda una hermana en Marruecos, porque el resto ya vive aquí y son españoles".

La Delegación del Gobierno de Ceuta -ciudad elegida por el Ministerio del Interior como plaza símbolo de la inmigración ilegal- citó ayer a los primeros 10 inmigrantes, de los 260 que lo han solicitado, que iban a legalizar su situación en España, país en el que la mayoría reside desde hace diez años al menos. Eran cinco hombres y cinco mujeres. Todos marroquíes y todos cónyuges de ciudadanos españoles. "No sabíamos que se iba a formar tanto revuelo", indica Mustafa Derbed, uno de los seleccionados.

Los funcionarios de la Oficina de Extranjería les fueron llamando de uno en uno. Debían dejar sus huellas dactilares impresas en el expediente y firmar la resolución administrativa que regularizaba su situación en virtud del Real Decreto 239/2000 que desarrolla la Ley de Extranjería. Ese trámite y el apretón de manos del delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, significaba que ya eran ciudadanos de primera, extranjeros legalizados, con permisos de residencia y trabajo. Los primeros de los 100.000 que lo han solicitado en todo el país.

"Los recibimos como beneficiarios de todos los derechos y procesos comprendidos en la ley y también en la Constitución", indicó Luis Moro. "Se ha saldado una deuda social con los inmigrantes que llevaban años trabajando en España como indocumentados".

Sólo queda un escollo que salvar en Ceuta: el Gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), nada favorable a la aplicación de la nueva legislación y que considera que la regularización de inmigrantes en la ciudad autónoma es el primer paso hacia una nueva descomposición de la sociedad local.