El fiscal reclama más diligencias al juez del 'caso Cartagena'

El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, no lo ve tan claro como el juez de Orihuela que imputa al ex consejero Luis Fernando Cartagena un presunto delito de malversación de caudales públicos, y ha solicitado al instructor "nuevas diligencias", que no concreta.El juez decano de Orihuela, Marcos de Alba y Vega, deberá ampliar la instrucción de la causa abierta contra Cartagena, acusado de invertir ilícitamente cerca de ocho millones de pesetas de las arcas públicas de Orihuela, en su etapa de alcalde de la capital de La Vega Baja. Se trata del dinero que las monjas del hospital municipal San Juan de Dios confiaron a Cartagena como liquidación de cuentas, cuando el centro sanitario clausuró su actividad en 1993.

El dinero, cuyo paradero aún hoy se desconoce, fue entregado por la monja responsable del hospital al entonces edil de Servicios Sociales, Mariano Ferrández. Éste, según su declaración judicial, lo guardó un tiempo en su casa, escondido en el interior de un piano, y luego lo entregó al alcalde.

El juez aprecia malversación de caudales porque el dinero nunca llegó a contabilizarse en el libro de cuentas del Ayuntamiento que Cartagena presidía. En la contabilidad municipal no figura ingreso alguno proveniente del hospital municipal. Al inicio de la instrucción, el juez apreció, además de malversación de caudales, los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, aunque este último quedó descartado por falta de pruebas.

Justificación

Cartagena justificó ante el juez el destino del dinero. Según declaró, los fondos se invirtieron en la rehabilitación de viviendas sociales en un barrio marginal de Orihuela. Presentó al juez facturas libradas por la empresa Limplac, una de las mercantiles del empresario Ángel Fenoll, persona estrechamente ligada a Cartagena y al PP de La Vega Baja que fue condenada por comprar votos por correo para esta formación. Pero uno de los socios de Fenoll en esa mercantil, Manuel Alcántara, dijo al juez que esas falturas eran falsas. Los recibos fueron escrutados en la unidad de policía científica en Madrid, pero los expertos, por los análisis de la tinta y del papel, no pudieron determinar la autenticidad o falsedad de los mismos. En la contabilidad de Limplac no figura el ingreso de ese ingreso.

La defensa Cartagena solicitó el archivo de la causa por prescripción del presunto delito, pero ni el juez instructor ni el fiscal jefe estimaron esa reclamación, puesto que la responsabilidad penal del delito, cometido supuestamente en 1993, no se ha extinguido por el transcurso del tiempo.

El magistrado concluyó la instrucción hace meses, pero la calificación de la Fiscalía no llega. Esta es la segunda vez que el fiscal jefe reclama nuevas diligencias para esclarecer un caso que fuentes cercanas al mismo consideran "muy claro".