La Audiencia exige una fianza de 500 millones a Conde para eludir la cárcel

La Sala de lo Penal, sección primera, de la Audiencia Nacional resolvió ayer imponer una fianza de 500 millones de pesetas a Mario Conde, condenado el pasado 31 de marzo a 10 años y 2 meses de prisión, para eludir el ingreso inmediato en prisión, mientras que impuso a Arturo Romaní, con una sentencia de 13 años y 8 meses, la obligación de someterse a control judicial diario. Tanto el fiscal como las acusaciones solicitaron ayer en una vista la prisión provisional sin fianza para ambos, con el argumento de la inquietud social creada por el cumplimiento de las penas y el riesgo de fuga.

La misma escena se repetió dos veces. Los magistrados Siro García, presidente, José Antonio Choclán y Antonio Díaz Delgado, celebraron una vistilla con Mario Conde, y su abogado Juan Sánchez-Calero. El fiscal Luis López Sanz citó jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en apoyo de su petición: prisión sin fianza.Explicó la gravedad de la pena, 10 años y 2 meses de prisión, y el hecho de que de la misma sentencia condenatoria por apropiación indebida, en la llamada Operación Cementeras, se desprendía que el ex banquero poseía un importante patrimonio fuera de España. El fiscal dijo que ese patrimonio podía facilitar una teórica fuga o, al menos, incrementaba el riesgo. Señaló que existía cierta inquietud social al verificarse el paso del tiempo en el que debía cumplirse el castigo impuesto. E insistió en la medida de prisión sin fianza.

El letrado Cándido Conde Pumpido, por el Fondo de Garantía de Depósitos, apoyó la petición y aludió a los signos externos de dinero que ofrecía Conde, como su coche y guardaespaldas. Al tiempo, señaló a los magistrados que en la comisión rogatoria procedente de Suiza sobre la Fundación Melvin (de Liechtenstein), que la sala tiene a su disposición, existían evidencias sobre el patrimonio del ex banquero en el exterior. El letrado solicitó prisión sin fianza para Conde y para Romaní. Y agregó que en el caso de que no se le concediera la petición para Romaní, se le impusiera a éste último una fianza más elevada a la que actualmente sufre (50 millones de pesetas). Las acusaciones de Ausbanc y los sindicatos UGT y CCOO pidieron, también, la prisión sin fianza de ambos condenados.

En la primera vistilla, el letrado Juan Sánchez-Calero aseguró que Conde, como ya había demostrado hasta ahora, no pensaba darse a la fuga. Asimismo, advirtió que en caso de un incremento de la fianza, la sala debería tener en cuenta que las fincas propiedad de Conde y de su familia estaban bajo administración judicial. Conde, por su parte, juró varias veces que no se fugaría.

En la segunda vista, el letrado José Rofes destacó que Romaní había cumplido con los permisos que se le dieron al salir de España en estos años y advirtió que su cliente tendría que ingresar en prisión si se le elevaba la fianza, por no disponer de dinero.

Romaní, en tono emocional, dijo que no rompería, mediante una fuga, lo único que posee, su familia. Y narró a la sala que su hijo, durante estos años, se encerró en la habitación de su casa y no salió hasta terminar sus estudios para una oposición para ingresar en la judicatura, cosa que acaba de lograr. Explicó que se sentía, en comparación con Conde, más afectado por las penas impuestas.

La sala deliberó sin pérdida de tiempo. Decidió poner 500 millones de fianza a Conde y someter a control judicial diario a Romaní.