El Colegio de Interventores amenaza con llevar a los tribunales a Villalobos

Si la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, insiste en limitar a golpe de decreto las competencias del interventor de su Ayuntamiento, Carlos Claros, se verá en los tribunales. Así lo han advertido desde el Colegio Oficial de Secretarios e Interventores, cuyos responsables se reunieron ayer para tratar este y otros asuntos de distintos municipios que afectan al colectivo. "La ley deja claro que la contabilidad es una función del interventor", dijo ayer el presidente del Colegio, Jesús González.

Los letrados del Colegio de Interventores ya tienen en marcha procesos similares en los tribunales. Es el caso, por ejemplo del Ayuntamiento de Algeciras, Jerez de la Frontera o las Diputaciones de Cádiz y Jaén. Además, este colectivo ya tiene precedentes en ganar sentencias como el pleito que mantuvieron contra el Ayuntamiento de Elche (Alicante).En lo que respecta a Málaga, ayer dieron el primer aviso: "Estamos a la espera, si el decreto se dicta comenzaremos por utilizar la vía del recurso de reposición, hasta ver si la Administración reconsidera su postura; de no ser así, la segunda vía será un recurso contencioso administrativo", advirtió el presidente de los interventores, Jesús González, que lo es del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).

El colectivo asegura que esta intervención no es una defensa corporativista, sino de las funciones del colectivo. "No sabemos ni queremos entrar en las razones que impulsan al Ayuntamiento de Málaga a hacer esto, pero si consideran que este funcionario [Carlos Claros] no es eficiente que tomen las medidas oportunas, pero lo que no se puede es ir contra la ley, que es lo único que nos queda".

Y creen que en el caso de Málaga se está vulnerando la ley que indica "claramente que la contabilidad es una competencia del interventor. Así como en el caso de los organismos autónomos, la ley especifica que los interventores inspeccionarán la contabilidad. Esto lo dice la Intervención del Estado, no nosotros", afirmó González, tras una reunión ayer en Sevilla. El presidente de los interventores avisa a la alcaldesa Villalobos de que haga caso a su secretario que le está diciendo cómo son las cosas: "Si vamos a los tribunales no van a ganar. Esta señora [Villalobos] está mal asesorada, porque hay un informe de una dependencia municipal, la del secretario, que en teoría es el que más sabe, que indica que esa actuación es contraria a la Ley de Haciendas Locales y a la Ley Reguladora de las Bases de Acción Local".

De momento, el colectivo de secretarios e interventores municipales está a la espera de que Celia Villalobos promulgue el anunciado decreto en el que restará competencias a Carlos Claros. La decisión iba a ser adoptada en el pleno municipal celebrado el pasado viernes, pero sorprendentemente, cuando el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Aguilar, defendía la propuesta, la alcaldesa cortó el debate para anunciar que ella asumiría todo el riesgo y que el recorte se realizaría por decreto suyo. Previamente, el secretario municipal había advertido de que el pleno no era competente para adoptar una decisión de tal calado.

El presidente de los interventores afirma que el caso de Málaga no es el primero sino más bien la gota que ha rebosado el vaso: "Esto es intrusismo, que es el problema fundamental que nos está ocurriendo en varios sitios".

El Colegio ya tiene en marcha recursos contra el Ayuntamiento de Algeciras y Jerez de la Frontera, así como contra la Diputación de Cádiz y parece que el mismo camino seguirán con la de Jaén. "Llevamos un año intentando que las plazas reservadas a los funcionarios de nuestro colectivo se convoquen, que no sean de libre designación, y no las convocan". Dicen que estas tareas las están desempeñando personas, que si bien pueden ser eficientes en sus trabajos, no tienen la cualificación específica para ello puesto que no han pasado una oposición que les habilite.

En estos casos, advierten, actuarán contra el alcalde y contra aquellos trabajadores que estén ejerciendo un empleo que no les corresponde.

La Ley de Bases de Régimen Local reserva las competencias de control y fiscalización interna exclusivamente a funcionarios con habilitación de carácter nacional (interventores) y especifica en su artículo 92 si bien pueden ser encomendadas a miembros de la corporación municipal o funcionarios sin habilitación, sólo "en aquellos supuestos excepcionales en que así se determine por la legislación del Estado".