Jueces del Supremo quieren evitar el exceso de causas con aforados

Los magistrados de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo abordaron ayer la perturbación que significa para su trabajo la instrucción de causas especiales contra aforados y estudiaron las propuestas de reforma del recurso de casación penal -el que se interpone contra las sentencias dictadas por las Audiencias provinciales- que, en su opinión, debe reducirse al papel de unificador de la doctrina en caso de interpretaciones distintas, en lugar de mantener su actual configuración, propia de una segunda instancia.Los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo mantuvieron ayer una reunión consultiva en la que debatieron aportaciones técnicas elaboradas por los magistrados Enrique Bacigalupo, Adolfo Prego, Cándido Conde-Pumpido Tourón y Carlos Granados, entre otros. Aunque no celebraron votaciones, se mostraron de acuerdo en transferir a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas ese papel de segunda instancia penal, especialmente en los delitos más graves.

La coincidencia más general entre la gran mayoría de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo reunidos ayer se refirió al necesario redescubrimiento de la casación, que permitirá al Tribunal Supremo recuperar su papel de garante de la seguridad jurídica, así como dar consistencia a la doctrina jurisprudencial , tarea en los últimos tiempos imposibilitada por la conversión del Supremo, en la práctica, en una segunda instancia.

Instructores para aforados

Los magistrados también abordaron la existencia de excesivos aforamientos especiales que están siendo perturbadores para la actividad propia de la Sala Segunda, que, según las citadas fuentes, debe ser bien distinta a la de la instrucción de procesos penales. Entre las soluciones comentadas figura la adscripción de jueces de instrucción ajenos a la Sala que asuman las investigaciones, aunque el enjuiciamiento de los aforados seguiría atribuido a la Sala.

Los magistrados celebrarán una reunión más decisoria la semana próxima y esperan tener redactado el conjunto de sus observaciones antes de Semana Santa, de acuerdo con el plazo de 20 días que les dio el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio.

La reforma del recurso de casación la encuadran estos magistrados dentro de la necesaria modificación del proceso penal. En cambio, no han tratado, por ahora, la posibilidad de asumir alguna de las competencias del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo.

La Sala Segunda del Supremo tiene una plantilla actual de un presidente y 14 magistrados. Su volumen de trabajo ha crecido de un modo notable, en proporción cercana al 35% en los dos últimos años. La sala despachó 5.726 procedimientos en 1998, pese a lo cual la cifra de asuntos pendientes se situaba en 5.749 a principios de 1999, lo que suponía una dilación aproximada de un año. Gran parte del trabajo de los magistrados se ha dedicado a las causas especiales contra políticos y jueces, como los procesos contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna, el caso Filesa, el caso Marey o los sumarios contra los magistrados Javier Gómez de Liaño y Luis Pascual Estevill.