Los tribunales superiores proponen reformar el jurado y el Código Penal

La modificación de la ley del jurado, la deficiente aplicación de las penas de arresto de fin semana, el retraso judicial o la aproximación de la justicia al ciudadano son algunas de las cuestiones que más preocupan a jueces y magistrados, a tenor de las sugerencias aportadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas a petición del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, sobre posibles mejoras en la Administración de Justicia. El CGPJ ha clasificado por materias las numerosas cuestiones.

La actual regulación de la ley del jurado es una de las materias que más incidencia tiene en los informes aportados. El TSJ de Aragón propone lisa y llanamente la supresión de la ley del jurado porque "carece de arraigo en nuestra sociedad, no entraña un plus de justicia, la cada vez mayor complejidad del mundo jurídico precisa cada día mayores conocimientos del derecho, y porque el juicio con jurado es caro". El TSJ de Castilla-La Mancha señala que la competencia atribuida al tribunal del jurado "no responde a ningún criterio claro: además de asignarle delitos de escasísima incidencia práctica y social, no incluye los que son el campo natural de esa institución, los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra el honor".

A su vez, el TSJ de Cataluña propone la revisión de los delitos atribuidos al conocimiento del jurado y la posibilidad de elección por el acusado entre el jurado y el tribunal técnico y restricción del jurado al ámbito de los hechos. A esta aportación hay votos particulares en contra de la posibilidad de elección del acusado entre jurado y tribunal técnico o a favor de la alternativa del llamado jurado escabinado, compuesto por peritos en derecho y ciudadanos legos.

En ese sentido, el TSJ de Galicia sugiere que "habría que pensar en un modelo de jurado escabinado". "En el modelo de jurado puro se hace imprescindible que el veredicto del jurado se limite a la declaración de culpabilidad o inocencia del acusado. Deben restringirse los delitos que pueden ser enjuiciados por el tribunal del jurado. En cuanto a los requisitos para ser jurado, debería primarse la mayor madurez, formación y especialización en materias jurídicas".

El TSJ de Madrid propone asignar un número de magistrados, que oscilase entre cinco o seis para el enjuiciamiento de las causas con jurado, y "eliminar del catálogo de delitos aquellos que no sólo no están en sintonía con la exposición de motivos de la leyes sino que la contradicen abiertamente, porque, si dejamos al margen el delito de homicidio, que, aunque grave, es un delito de escasa complejidad, de todos los demás habría de meditarse si guardan coherencia".

Otro de los asuntos que han suscitado un mayor número de sugerencias ha sido la jurisdicción penal. Así, el TSJ de Castilla-La Mancha señala que el Código Penal "junto con notables aciertos de suspensión de la pena para delincuentes drogadictos, que está dando un resultado francamente bueno, presenta, sin embargo, deficiencias de importancia. Añade que "resulta un texto punitivo de gran dureza, en especial en los delitos contra el patrimonio. En los delitos contra la salud pública las conductas del pequeño traficante resultan excesivamente penadas".

El TSJ de Asturias señala que la pena de arrestos de fin de semana ha alcanzado "ineficacia y pasividad en la confección de planes voluntarios de cumplimiento e incumplimiento de los teóricos fines de política criminal que la inspiran".

En esta misma idea abunda el TSJ de Castilla-La Mancha, al asegurar que "comienza a ser preocupante el fracaso de algunas de las medidas sustitutivas de las penas cortas de prisión". "El arresto de fin se semana funciona deficientemente a causa de la escasez de plazas para el cumplimiento y la sustitución de penas por trabajos en beneficio de la comunidad ha fracasado completamente".

"El tipo penal de la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas debería contener una tasa mínima por encima de la cual se pudiera sancionar criminalmente dicha conducta", opina el TSJ de Cantabria. "La extensión mínima de la pena de privación del derecho de conducir vehículos conlleva razones socioeconómicas, que en frecuentes ocasiones la pena repercute directa, seria y a veces decisivamente sobre la actividad laboral del penado", opina el TSJ de Asturias.

El de Andalucía expone que existe "una convicción generalizada de mal funcionamiento de nuestro sistema judicial". "Los ciudadanos coinciden de modo casi general en achacar a la justicia española una excesiva lentitud", imagen que está generalizada, "básicamente por la falta de tutela inmediata, aunque sea provisional de determinados derechos y por la demora injustificada en la resolución".

Imagen de la justicia

Sobre la imagen de la Justicia, Castilla-La Mancha propone la necesidad de establecer "una correcta y continua información sobre la actividad judicial". "Los órganos judiciales y sus titulares deben guardar una exquisita neutralidad en toda polémica social". Este tribunal superior propone que se establezcan oficinas de prensa a nivel, cuando menos, de audiencia provincial. La Audiencia Nacional propone redefinir sus competencias y también ve necesaria la regulación legal de la presencia de los medios audiovisuales en los juicios.