La política de esterilizaciones de Suecia afectó a 230.000 personas y se prolongó hasta 1996

Suecia esterilizó a 230.000 personas entre 1935 y 1996 "en el marco de un programa basado en teorías eugénicas" y por razones de "higiene social y racial", según un informe remitido ayer al Gobierno tras cuatro años de investigación. El presidente de la comisión relatora, el profesor Carl-Gustaf Andrèn, ha enviado sus conclusiones al ministro de Asuntos Sociales del reino, Lars Engqvist. La revelación de esa campaña de esterilizaciones se produjo en el verano de 1997, pero hasta ahora no se había conocido su verdadero alcance ni que se hubiera prolongado hasta 1996.

"Las leyes de 1934 y 1941 fueron votadas gracias a un consenso general entre el conjunto de los partidos políticos", revela la comisión investigadora."La pasividad y el silencio del Parlamento y del Gobierno sobre las críticas lanzadas desde 1947 sobre esta política permitieron sin duda que [miles de] personas fueran esterilizadas a petición propia o sin su consentimiento durante los años sesenta o setenta", precisa la comisión, que ya anunció, en enero de 1999, la indemnización de las víctimas de esterilizaciones forzadas (1935-75) con 175.000 coronas (unos 3,5 millones de pesetas) por persona.

Cerca de 63.000 esterilizaciones se practicaron entre 1935 y 1975 en el marco de las leyes eugénicas de aquella fecha, adoptadas por unanimidad en el Riksdag (Parlamento unicameral) y que se orientaban a preservar una pretendida "pureza de la raza nórdica".

A continuación, cerca de 166.000 personas fueron esterilizadas entre mediados de los años setenta y 1996, sobre las bases de una ley de 1976 que hizo obligatorio el consentimiento de los interesados.

El informe subraya que la mitad de las personas esterilizadas lo fueron con su acuerdo y una mayoría de ellas incluso tomaron la iniciativa de la operación (31.000 personas).

En sentido contrario, la comisión investigadora ha fijado en 6.000 (9% de las operaciones) el número de esterilizaciones forzadas y en 15.000 (24%) las realizadas con el consentimiento de los interesados pero en condiciones consideradas "coercitivas". La esterilización se imponía sobre todo a las mujeres como condición para salir del hospital tras un aborto o un internamiento psiquiátrico.

Finalmente, un 10% de las operaciones fueron consentidas tras diversas presiones, en tanto que el 75 de los casos restantes (4.000) no se encuentran clasificados en ninguna de las categorías anteriormente citadas.

Los años cincuenta constituyeron una ruptura, en opinión de la comisión. Así, se pasó "de una mayoría de esterilizaciones forzadas a una mayoría de esterilizaciones consentidas, de la aplicación de teorías eugenistas y de preservación de la raza a un programa de planificación familiar y de cohesión social, del interés colectivo al interés individual", precisa el informe.

Madres solas con hijos, depresivas, alcohólicas, marginales o tratadas de cáncer, las mujeres, que suponen el 99% de las personas esterilizadas en los últimos años, fueron las principales víctimas de la medida.

Sin embargo, el Instituto de Biología racial de la universidad de Uppsala, eje del programa, preconizaba desde los años treinta la esterilización de los gitanos y de "las personas de raza mixta".

Las minorías étnicas (lapones y gitanos), víctimas de una marginación social sistemática no escaparon a las esterilizaciones. Entre 600 y 700 gitanos fueron esterilizados, 22 de ellos por motivos raciales.

"El papel de la comisión no era definir una posición moral respecto a las esterilizaciones", concluye el informe. "Se trataba, gracias a las entrevistas y los análisis de los investigadores, de colocar las leyes sobre las esterilizaciones y sus incidencias en una perspectiva histórica".

Las primeras noticias sobre las esterilizaciones forzadas convulsionaron a la sociedad sueca en el verano de 1997. Fue el periodista Maciej Zaremba quien probó la esterilización de 60.000 mujeres siguiendo directrices más próximas a los nazis que a las sociedades democráticas.

"Lo que ha sucedido no es otra cosa que un acto de barbarie", declaró la entonces ministra sueca de Asuntos Sociales, Margot Wallström, quien se comprometió a presentar al Gobierno las demandas de indemnización que se podían prever ante el anuncio. Un año más tarde, sin embargo, sólo 140 personas habían reclamado una compensación por las operaciones sufridas bajo presión.

Esterilizaciones parecidas tuvieron lugar también en Francia, Canadá, EEUU, Suiza, Austria, Finlandia y Dinamarca.