Defensa justifica una acción militar para asegurar el suministro de petróleo

Las Fuerzas Armadas españolas deben estar preparadas para contrarrestar cualquier acción de fuerza que ponga en peligro el suministro de los recursos básicos necesarios para mantener el bienestar de los españoles. Así lo afirma el Libro Blanco de la defensa, que el Ministerio de Defensa ha editado por primera vez en España. Aunque esta afirmación pueda parecer una justificación a posteriori de la guerra del Golfo, la intervención militar de Occidente se legitimó entonces por la violación del Derecho Internacional y no por el petróleo.

A semejanza de otros países occidentales, España cuenta ya con su Libro Blanco de la defensa, que ayer presentó el ministro Eduardo Serra. El documento, de 276 páginas, es más genérico que sus homólogos europeos y aporta escasas novedades sobre los planes y proyectos de Defensa para los próximos años.Su mayor interés radica en que, por vez primera en un texto público, se teorizan y definen los llamados "intereses nacionales de seguridad", para cuya defensa deben prepararse las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del Gobierno. El Libro Blanco sitúa en un lugar prioritario los que denomina "intereses vitales", a los que define como "elementos constitutivos del Estado", cuya defensa considera "irrenunciable". Son, según su enumeración, "el territorio peninsular y extrapeninsular con sus accesos aéreos y navales, la población, el ordenamiento constitucional, la soberanía y la independencia". En segundo lugar coloca los llamados "intereses estratégicos" de España: "Aquellos que aportan seguridad a nuestro entorno y cuya protección contribuye decisivamente a la defensa de los intereses vitales". Es en este nivel en el que incluye -además de la estabilidad del Mediterráneo Occidental, el norte de África o el estrecho de Gibraltar y sus accesos- "la libertad de intercambios y comunicaciones".

"España", argumenta el Libro Blanco, "necesita tener asegurado el suministro de recursos básicos para mantener el bienestar y fomentar la prosperidad del pueblo español. Cualquier acción de fuerza que pusiera en peligro ese suministro con riesgo de colapso para nuestra economía constituiría una amenaza que sería necesario contrarrestar".

El documento no explicita si, para que esté justificada una respuesta militar, dicha "acción de fuerza" debe constituir o no una violación del derecho internacional, como fue la invasión de Kuwait por Irak, y si una eventual réplica debe contar con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, como entonces ocurrió.

La alusión a la ONU sí figura en el apartado dedicado a las misiones de mantenimiento o imposición de la paz, que clasifica como "otros intereses nacionales de seguridad", de menor prioridad que los vitales y estratégicos.

España, explica, es partidaria de que todo uso internacional de la fuerza sea autorizado por la ONU, pero "en circunstancias apremiantes, en presencia o ante la inminencia de catástrofes humanas de grandes proporciones, el bloqueo del Consejo de Seguridad, el agotamiento de todas las vías diplomáticas y el continuado incumplimiento de sus Resoluciones no deberían impedir la determinación de la comunidad internacional para evitar tragedias humanas. En estas ocasiones", agrega, "España podría considerar la oportunidad de usar la fuerza, de consenso o con acuerdo generalizado de los restantes socios y aliados en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa a las que pertenecemos".

La referencia a la guerra de Kosovo es evidente, pero al contrario de lo que sucedió en 1999, abre la vía a una intervención que no tenga el consenso de todos los socios de la OTAN, sino sólo un "acuerdo generalizado".

El Libro Blanco también prevé que los ejércitos colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en la lucha contra el terrorismo internacional, narcotráfico, crimen organizado o inmigración clandestina, realizando tareas de vigilancia o de apoyo técnico". Significativamente, no menciona la posibilidad de que den apoyo en la lucha contra el terrorismo de ETA.

El documento defiende la "libertad de acción del Gobierno" para decidir cuándo existe una amenaza para los intereses de seguridad de España y corresponde el empleo de las Fuerzas Armadas, pero omite cualquier referencia a la necesidad de que, en estos casos, el Gobierno recabe el apoyo del Parlamento o, al menos, le mantenga informado.