La Audiencia Nacional acepta la querella de Rigoberta Menchú por genocidio en Guatemala

La Audiencia Nacional abrió ayer el tercer proceso por genocidio en una país suramericano al aceptar el juez central 1, Guillermo Ruiz Polanco, la competencia para tramitar la querella presentada por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú contra ocho militares y altos cargos de su país implicados en un supuesto genocidio del pueblo maya, entre los años 1962 y 1996. En alusión a la postura contraria del fiscal, Ruiz Polanco asegura que España tiene que vigilar y suplir la falta de actividad de la judicatura guatemalteca. "Lo contrario sería una alcahuetería imperdonable y prevaricadora", dice.

Ruiz Polanco se declaró ayer competente en la querella presentada el pasado 2 de diciembre por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú para instruir una querella por supuestos delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal contra el pueblo maya, cometido en Guatemala. Los hechos se circunscriben cronológicamente al tiempo de "la guerra que azotó durante 36 años a Guatemala", y más concretamente al período investigado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, de 1962 a 1996. El juez acordó dirigir el procedimiento contra el general Efraín Ríos Montt, jefe del Gobierno por golpe de Estado entre marzo de 1982 y agosto 1983 y actual presidente del Congreso de Diputados de Guatemala; el general Óscar Humberto Mejías, jefe de Gobierno por golpe de Estado desde agosto de 1983 a enero de 1986; el general Fernando Romeo Lucas García presidente de la República de Guatemala de 1978 a marzo de 1982; contra el general Angel Aníbal Guevara Rodríguez, ministro de Defensa; contra Donaldo Álvarez Ruiz, ex ministro de Gobernación actualmente residente en Miami (EEUU); contra el coronel Germán Chupina Barahona director de la Policía Nacional durante el gobierno de Lucas García; contra Pedro García Arredondo jefe del comando 6 de la Policía Nacional durante el Gobierno de Lucas García y contra Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército durante el mismo gobierno que los dos anteriores.

De ellos, el principal inculpado, Ríos Montt, cuyo partido ganó las elecciones en diciembre, goza de inmunidad. Ayer, en rueda de prensa, Ríos Montt dijo no temer al proceso abierto en España por tener un carácter "político y económico". Aparte del general Romeo Lucas, que vive en Venezuela, y Donaldo Álvarez Ruiz, que está en EEUU, los demás siguen siendo altos oficiales del Ejército en situación de retiro, según fuentes de la Fundación Rigoberta Menchú, informa Berna G.Harbour. A la querella, interpuesta en diciembre por esta líder indígena, se han sumado otros 15 acusadores como Comisiones Obreras o la Asociación contra la Tortura, familiares de los sacerdotes españoles asesinados Faustino Villanueva y José María Gran Cirera y otros grupos de derechos humanos.

Máximo Cajal, testigo

El magistrado de la Audiencia Nacional ha pedido a las partes que en el plazo de 10 días propongan las diligencias que estimen convenientes y ha citado como testigo a Máximo Cajal, embajador de España en Guatemala cuando se produjo el asalto y quema de la Embajada española en aquel país, en enero de 1980, en la que murieron 37 personas (2 españoles entre ellas). Ruiz Polanco afirma en su auto de admisión de la querella que no procede por ahora hacer pronunciamiento acerca de la veracidad o no de los hechos denunciados, que ostentan "la luminosa apariencia de genocidas".

Según el juez, tales hechos "se encaminaron al exterminio del pueblo maya en su realidad étnica, racial y social, en su pretextada calidad de favorecedor o encubridor, y aún de originador de la insurgencia o revolución en Guatemala, así como a la eliminación de todo obstáculo ideológico que pudiese representar un riesgo de fracaso de la prevalente finalidad genocida, todo ello por medio de la muerte, la tortura y el terror".

El juez rechaza los argumentos de la Fiscalía de la Audiencia, que pidió el archivo de la causa. Sobre lo acaecido en la Embajada de España, "es decir, en España" según precisión del juez, el auto señala que el comunicado conjunto de ambos gobiernos sobre los hechos, realizado en 1984, no es más que "una fórmula de mero compromiso unilateral" que aunque forzadamente se entendiese como una cesión de la jurisdicción española en favor de Guatemala, "exige a España la vigilancia o seguimiento de la actividad judicial guatemalteca" que, sin paralizaciones injustificadas, "ofrezca un ejemplo de seriedad en la averiguación y castigo de los culpables". El juez agrega que la jurisdicción de Guatemala no es excluyente, "pues en ausencia de su ejercicio honrado y eficaz, debe ser suplida por tribunales que, -como los españoles-, sustentan la extraterritorialidad de su jurisdicción en el principio legal interno y externo de persecución universal de delitos gravemente atentatorios contra los derechos humanos".

Más información: www.hrdata.aaas.org