Los nuevos profesores deberán acreditar el dominio de los métodos pedagógicos El 'informe Bricall' propone renovar la selección de docentes para combatir la endogamia

Los profesores que opten a una plaza en una universidad pública deberán acreditar el conocimiento de los métodos pedagógicos y las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje, además de su preparación y experiencia docente. Ésta es una de las medidas que propone el informe Universidad 2000 para renovar la selección del profesorado. La propuesta de crear nuevas plazas como parte de un plan global de la universidad, y no de los todopoderosos departamentos, y la composición de los tribunales con profesores de otras universidades y que no pertenezcan exactamente al mismo área de conocimiento de cada plaza son iniciativas propuestas para combatir la endogamia. El documento pide además la creación de dos figuras de profesorado no funcionario y que la duración de los contratos de los ayudantes no exceda los tres años.

El informe pide la revisión de la carrera académica para mejorar la selección del profesorado y subsanar males endémicos como la endogamia. El documento Universidad 2000 (versión íntegra en www.crue.upm.es) propone introducir dos tipos de cambios: en las figuras de profesorado que existen actualmente y en el procedimiento de selección de los docentes. El informe fue presentado el viernes pasado por su director, Josep Maria Bricall, ex presidente de la Conferencia de Rectores Europeos.Este análisis de la situación y necesidades de la universidad española fue encargado a Bricall en diciembre de 1998 por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). El texto se abrirá al debate público en los próximos días y, con las modificaciones pertinentes, será enviado al Parlamento en septiembre con la intención de que el Gobierno y los partidos promuevan iniciativas legislativas basadas en él.Las propuestas cuentan además con el apoyo de un patronato formado por destacados representantes de las sociedad española.

Las referencias a las funciones y la importancia de revisar los aspectos relacionados con el profesorado son permanentes a lo largo de las 484 páginas del informe. Esas observaciones concluyen en una serie de peticiones concretas:

- Nuevos requisitos. El texto estipula dos requisitos para mejorar la calidad del profesorado:

-Acreditar el conocimiento de los nuevos métodos pedagógicos y sistemas didácticos y la familiaridad con el empleo de las tecnologías para favorecer el aprendizaje. El texto propone la exigencia de este requisito para todos los candidatos que opten a una plaza en la universidades, tanto de ayudante como de funcionario, o para las dos nuevas figuras de profesor contratado.

-Modificar parcialmente el peso excesivo que ha tenido hasta ahora acreditar investigación científica para acceder a plazas de docencia e investigación, con el fin de que también se reconozca la experiencia en investigación aplicada y la práctica profesional.

- Tipos de profesorado. Las figuras del profesorado quedarían del siguiente modo:

-Catedrático y titular universitario: como actualmente.

-Catedrático y profesor titular de escuela universitaria: pactar su futuro con los funcionarios que ocupan estas plazas y, a medio plazo, eliminarlas.

-Profesor asociado: recuperar esta figura tal y como aparece en la Ley de Reforma Universitaria (LRU), es decir, para profesionales externos en ejercicio contratados a tiempo parcial.

-Ayudante y ayudante doctor: establecer una duración no prorrogable de tres años para estos contratos.

-Profesor visitante: incentivar la contratación de carácter temporal de este tipo de docentes.

-Titular docente: crear esta figura para contratados (no funcionarios). Se podría acceder a esta categoría, de duración no determinada, tras ser ayudante.

-Titular investigador: crear esta figura para contratados (no funcionarios). A ella se podría acceder tras ser ayudante doctor.

- Procedimiento de selección. El informe recomienda diversas medidas para combatir la endogamia:

-Las nuevas plazas que se creen deben formar parte de un plan global de la universidad que recoja las necesidades docentes o e investigadoras y que no obedezcan simplemente a peticiones de los departamentos, cuyo poder es considerado excesivo y pernicioso por numerosos expertos.

-Las comisiones de selección o tribunales deben estar formadas por profesores del resto de las universidades (no de la convocante) y que no pertenezcan exclusivamente al área de conocimiento de cada puesto. Actualmente, la universidad designa a dos miembros del tribunal y los otros tres se designan por sorteo entre el resto de las universidades. Los cinco componentes deben ser del área de conocimiento en cuestión.

-La decisión última de asig- nar la plaza debe corresponder a la universidad y no a la comisión de selección, cuya función será presentar los candidatos más idóneos. El objetivo es que la última decisión no sea de un grupo de docentes e investigadores de la universidad que se dedican a las mismas tareas profesionales que quien opta a la plaza.

-Para la contratación concreta de funcionarios (titulares y catedráticos), los integrantes del tribunal deben pertenecer a otras universidades ajenas a la que haya convocado la plaza.

Claustros ingobernables

La reducción del tamaño de los claustros, los órganos de gobierno de las universidades, que en algunas ocasiones llegan a estar formados por más de 1.500 personas, es una de las principales propuestas del documento. Los claustros están formados por representantes de la comunidad universitaria (profesores, personal no docente y alumnos) y su número y composición lo decide cada institución en virtud de la autonomía universitaria. El informe señala la necesidad de dar agilidad a este órgano sin reducir la representatividad que tiene cada colectivo en él. Los claustros no tienen poder ejecutivo, pero sí deben aprobar las líneas generales del funcionamiento de la institución, en las que se engloba, por ejemplo, la memoria anual.

También pide el texto que se mantenga la elección del rector por el claustro, ya que algunos sectores planteaban la intervención en esa selección de las administraciones autonómicas y del consejo social (compuesto por representantes de la comunidad autónoma y agentes sociales).

El texto propone, además, que la junta o consejo de gobierno esté integrado tanto por miembros de la comunidad universitaria como por "representantes sociales, de las administraciones y de entidades que apoyan la universidad". Matiza que, en el caso de que la universidad opte por una junta o consejo de gobierno que tenga sólo miembros de la propia comunidad universitaria, "las administraciones públicas deberían precisar las funciones del consejo social para que éste pudiese ejercer de manera efectiva el control social y económico de la institución".

Las universidades tendrán que autoevaluarse cada año

S. P. DE P Madrid

Las universidades deben acreditar su calidad en un informe anual sobre su funcionamiento general, que será realizado por un equipo de expertos de la universidad y externos a ella. Ésta es otra de las propuestas del informe Universidad 2000 que añade que el documento será enviado a la nueva Agencia de Acreditación. Esta agencia, pública, oficial y autónoma, será la encargada de realizar una revisión permanente de las carreras de todas las universidades españolas para asegurarse de la validez de los títulos que conceden. Cuando se detecten carencias y unos estudios no logren la acreditación, los centros contarán con un plazo para solucionar los problemas y, de no hacerlo, la agencia remitiría un informe a la Administración para la retirada de la homologación de la titulación, e incluso de la financiación.

La agencia será la encargada de solicitar una serie de datos a las universidades sobre su funcionamiento en todas las áreas (como resultados académicos y de investigación, opiniones de los estudiantes o inversiones realizadas), que serán los que deberán contener el informe anual. El documento no detalla los mecanismos para realizar esa autoevaluación pero algunas universidades han puesto en marcha experiencias al respecto en las que se han realizado, por ejemplo, encuestas a los estudiantes y se han encargado evaluaciones a empresas externas a la institución.

Un consejo asesor

El texto propone además la creación de un Consejo Asesor de Calidad que formule propuestas al grupo de trabajo y al rector sobre las iniciativas que se podrían adoptar para realizar el informe anual. Ese consejo estaría formado por expertos externos a la institución y por profesores.

La elaboración de un plan estratégico por cada universidad, señala el informe, sería necesario para establecer una serie de paramétros que sirvan para identificar los puntos débiles y fuertes en la docencia, la investigación y la admistración de cada centro. También sugiere que el plan estratégico sea liderado por el rector y que cuente con la participación de los miembros de la comunidad universitaria: docentes, estudiantes y gestores.

El texto propone una serie de cuestiones que se podrían analizar y agrupar en diferentes programas: la evaluación de la toma de decisiones, la organización de seminarios de calidad, el estímulo de las relaciones con las empresas, la movilidad de los jóvenes docentes o la evaluación de los doctorados.