Cómo seducir al 20% del electorado

El censo electoral cuenta con 33,9 millones de potenciales votantes y, de ellos, 7,5 millones son pensionistas: más del 20%. Un dato con fuerza suficiente para que los partidos políticos se hayan volcado en seductoras promesas dirigidas a un colectivo en el que las necesidades comunes son fácilmente identificables: mejorar y consolidar las pensiones.Los partidos se pueden permitir el lujo de lanzar compromisos en un momento en el que la Seguridad Social ha cerrado el año 1999 con excedente presupuestario, pese a que se preveía un pequeño déficit, la estimación para el año 2000 es mantener un superávit, y cuando hay indicios racionales de que en España se pueden perder las elecciones si se siembra inseguridad en torno a las pensiones.

Por esa razón, los programas de los partidos ignoran todas las recomendaciones de los organismos internacionales y en ninguno de ellos hay asomo de planes para endurecer las condiciones de acceso a las futuras pensiones, nada que suene a recorte de las prestaciones de los actuales o los futuros pensionistas, ni ninguna medida que pretenda paliar esa "generosidad" del sistema de Seguridad Social que denuncian permanentemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Fondo Monetario.

Por el contrario, las dulces promesas auguran una mejora de las pensiones, con especial esmero en las mínimas y las de viudedad. Unos compromisos que se dirigen a un colectivo en el que la pensión media está en 77.379 pesetas al mes; la de viudedad, en 54.836, y la de jubilación, en 88.376. Más de 1,1 millones de personas no llegan a 35.000 pesetas, cuatro millones cobran menos de 65.000 pesetas, un millón entre 65.000 y 75.000 pesetas, 1,5 millones entre 75.000 y 160.000, y sólo 527.000 personas perciben entre 160.000 y 301.200 pesetas, que es ahora la prestación máxima del sistema.

Un nivel de prestaciones significativamente más bajo que el de otros países de la Unión Europea. España tiene un gasto en pensiones que supone el 9,5% del producto interior bruto (PIB), muy inferior al de Italia (12,9%), Alemania (11,5%) o Francia (10,8%), y al resto de los países de la Unión Europea, salvo Portugal (6,9%) e Irlanda (3,6%).

Pese a ser la situación de España menos apremiante que la de sus socios comunitarios, los expertos no dejan de alertar a todos ellos igualmente sobre el futuro de las pensiones y sobre los peligrosos efectos que la caída demográfica y la mayor esperanza de vida van a ejercer sobre el horizonte futuro de la Seguridad Social. Una presión que previsiblemente será clara a largo plazo, pero que en los próximos años se va a ver atenuada por la llegada a la edad de jubilación de las generaciones nacidas durante la Guerra Civil y el periodo posterior, muy mermadas en número de personas.

Esa desaceleración ya se ha empezado a notar. Desde enero de 1999 a enero de 2000 el incremento interanual de las nuevas pensiones se ha reducido del 1,5% al 1%. Las previsiones situaban el aumento de 1999 y 2000 en el 1,6%, pero no se ha alcanzado, porque se ha producido un menor número de jubilaciones anticipadas que en años anteriores.

La entrada de nuevos pensionistas en el sistema público seguirá a un ritmo más atenuado en las próximas décadas al que se ha producido en los 10 años pasados: el 1,6% de aumento anual. Las estimaciones de los expertos, recogidas en el libro rojo que sirvió de base al Pacto de Toledo, reflejan que desde ahora hasta el año 2030 el incremento anual estará entre el 0,9% y el 1,1%. A partir de entonces es cuando se producirá la llegada a la jubilación de las nutridas generaciones del baby-boom. Pero los programas de las elecciones 2000 no miran tan a largo plazo.

Se dirigen al momento presente y, para la buena salud del sistema público, sobre todo en un modelo de reparto (las pensiones se pagan cada año con lo que se recauda en cotizaciones de los trabajadores en activo), el punto clave son los ingresos. Los dineros que recauda la Seguridad Social en cuotas están creciendo al 9%, cuando lo previsto era el 6%, las afiliaciones de trabajadores ocupados han aumentado en las dos pasadas legislaturas (la del PP y la última del PSOE) en más de 2,7 millones de personas (un 18%) y están emergiendo nuevos contribuyentes desde la economía sumergida.

Estos datos compensan la mala racha que se produjo entre 1992 y 1993, y han permitido a la Seguridad Social alcanzar una cifra récord de cotizantes -14,7 millones- que no había conocido en sus 100 años de historia. Esa mejora se refleja en la relación afiliados-pensionistas, que en estos momentos está en 2,23, tras remontar la curva el bache que tocó suelo en 1996, con 2,06 cotizantes por cada pensionista. El equilibrio del sistema se mantendrá si se produce un aumento del producto interior bruto (PIB) entre el 2,5% y el 3%, junto a un incremento acorde del empleo y, en consecuencia, de cotizantes, según marcan las proyecciones, hasta el año 2030.

El superavit presupuestario es precisamente el que ha permitido al Gobierno crear para este año 2000 un fondo de reserva (una hucha de ahorro) para las pensiones. Primero decidió dotarlo con 60.000 millones de pesetas y hace dos semanas acordó subirlo a 100.000 millones, mientras que el PSOE ha prometido que si gana las elecciones aumentará ese fondo hasta 500.000 millones de pesetas. En cualquier caso, se trata de cantidades insuficientes para una emergencia: la nómina que la Seguridad Social pagó en pensiones en el mes de enero fue exactamente de 585.125 millones de pesetas.

Para el conjunto de este año está previsto un presupuesto total de 8,6 billones de pesetas para las pensiones contributivas y no contributivas. Un gasto al que se hace frente con unos ingresos por cotizaciones de 9,49 billones, y con los que se financian todavía prestaciones asistenciales que, según el Pacto de Toledo, deben pagarse con los impuestos.

Es el caso de los complementos de mínimos, con los que se mejoran las pensiones más bajas: en total, 600.000 millones de pesetas, que en la próxima legislatura debe dilucidarse cómo se financian.

Además, si el futuro Gobierno quiere renovar los acuerdos con los sindicatos CCOO y UGT, se enfrentará a una demanda prioritaria: generalizar la posibilidad de la jubilación anticipada a los 60 años, ahora limitada a quienes empezaron a cotizar ante del 1 de enero de 1967. Con una penalización (coeficiente reductor) para quienes opten por esa posibilidad más reducida y en función de los años cotizados.

Todo eso debe ir al Pacto de Toledo, cuya vigencia acaba a finales de este año, y en el supuesto de que sea la voluntad de los partidos el renovar un compromiso. Parece complicado, pero mucho más lo parecía en 1996.

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