Carles Solà
Carles Solà, de 54 años, natural de Xàtiva (Valencia) y con dos hijas, es ingeniero químico y rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durante su mandato al frente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, entre 1996 y 1998, mantuvo unas tensas relaciones con el Ministerio de Educación, encabezado entonces por Esperanza Aguirre.
José Luis García Garrido
José Luis García Garrido, de 62 años y natural de Azuaga (Badajoz), tiene tres hijos. Catedrático de Educación Comparada de la UNED, ha sido director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). Es un experto con grandes relaciones internacionales. A partir de una cierta sintonía con el PP, en el que nunca militó, su informe de 1998 sobre secundaria le acabó distanciando del partido.
Fernando Lezcano
El sindicalista Fernando Lezcano, nacido en Barcelona hace 41 años y con una hija, es maestro y licenciado en Historia. Lleva 11 años como responsable de Enseñanza de Comisiones Obreras. Es un reconocido conocedor de los diversos terrenos de la educación y un declarado partidario de la negociación como instrumento político, lo que no le ha impedido criticar con dureza al Partido Popular.
La secundaria en cuestión
El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà, ex presidente de los rectores españoles; el secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, y el catedrático de Educación Comparada de la UNED José Luis García Garrido, que fue director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) y coordinó el informe sobre la secundaria de 1998, la mayor evaluación educativa de España, se reunieron el pasado miércoles en la Redacción de EL PAÍS para analizar la situación educativa española.La educación secundaria obligatoria
EL PAÍS. Uno de los problemas más serios de la educación española es el de la secundaria obligatoria (12-16 años). Con un profesorado desanimado; un alumnado a menudo desinteresado, cuando no indisciplinado; una creciente dificultad de integración de alumnos de diversos orígenes étnicos, y una evidente fama de mediocridad en el rendimiento, ¿qué cabe hacer para recuperar el aliento en esta compleja etapa educativa?
Fernando Lezcano. Tengo que empezar matizando la pregunta. Aunque hay problemas, no sería realista trasladar a la sociedad una imagen de deterioro absoluto. Vaya por delante que cualquier revisión debería tener muy en cuenta la opinión de los profesores, que son los que viven a diario las dificultades en el aula. Soy partidario de introducir tres grandes estrategias: autonomía pedagógica de los centros para construir un proyecto educativo a partir de su propia realidad; dotación de recursos humanos, materiales y económicos, y revisión sustancial de la formación inicial y permanente del profesorado. Junto a estas tres líneas estratégicas, no descarto cierta flexibilidad organizativa, con una posible agrupación homogénea, pero temporal, de los alumnos, siempre que no caigamos en el pelotón de los torpes. En todo caso, tendríamos que pensar en estrategias para la educación infantil y la primaria. Pretender acometer medidas sólo en la ESO es perder de vista que muchas dificultades que luego detectaremos ya se observan en los niveles iniciales.
José Luis García Garrido. Uno de los gravísimos errores de la reforma es haber empezado la casa por el tejado: no se puede encargar a un profesor que se haga cargo de la ESO sin haber sido formado adecuadamente. Además, hay otra cuestión grave: la falta de liderazgo en los centros públicos. Ni la autonomía de los colegios e institutos será posible ni se podrá promover la formación en los propios centros si no hay un liderazgo claro de los equipos directivos. Por otra parte, no podemos seguir engañando a la gente haciéndole creer que todos los chicos pueden y deben tener una educación igual, con igual resultado. La igualdad de oportunidades debe ser permanente, pero no hay que confundirla con la uniformidad de resultados. El paquete educacional que se ofrezca a los ciudadanos debe ser común, pero no idéntico. Entre 1990 y 1996, el PSOE perdió un tiempo precioso para articular la diversificación prevista en la LOGSE, para tratar de forma diversa a los chicos que son diversos.
Carles Solà. Al profesorado de secundaria se le ha creado un nuevo trabajo sin preparación y sin ayuda suficientes. Y, en conjunto, este profesorado ha asumido con enorme coraje el reto, que debe desarrollar con poca ayuda y nulo reconocimiento. La sensación de abandono por parte de la Administración es generalizada. Y creo que los profesores han de recuperar el protagonismo, porque son los que conocen la realidad de las aulas. Y luego hay un tema grave: los centros privados concertados, que reciben una financiación pública, pero rechazan a los alumnos complicados. La multiculturalidad y la diversidad en el aula se concentrarán en los centros públicos, y los privados seguirán siendo cosa aparte. Es escandaloso.
El fracaso escolar
EL PAÍS. ¿Qué estrategias se pueden plantear para combatir el fracaso escolar?
García Garrido. Es un tema complejo que hay que desdramatizar. El problema es dónde situar la responsabilidad: no en los chicos, que son las víctimas, y no en la escuela, a la que se le marcan unos determinados objetivos. Es esencial que la sociedad se conciencie de que tenemos que atajar el problema entre todos, construyendo políticas educativas que no sean sólo escolares. Y los medios tienen un papel importante, sobre todo la televisión, porque la actual "televisación" es más intensa que la escolarización. Hay que sacar de la escuela el término de "fracaso escolar".
Lezcano. Si entendemos por fracaso el desajuste entre los objetivos establecidos y su consecución, tendríamos que ver la naturaleza de esos objetivos, ver si es razonable mantenerlos. La formación tiene que ser polivalente, abierta, de adquisición de hábitos, generalista, que permita estrategias de autoformación y de adaptación al medio.
Solà. La utilización reiterada del término "fracaso escolar" conduce a un cliché contra el que es muy difícil luchar. Pero hay datos interesantes sobre la trascendencia del entorno socioeconómico del alumno: el 70% de los hijos de padres con estudios universitarios llega a la Universidad, proporción que baja al 40% cuando los padres han cursado sólo la educación secundaria y se reduce a un 15% cuando los padres se han quedado en la primaria. Luego no todo radica en el centro educativo. Por otra parte, estoy de acuerdo acerca del papel que desempeña la televisión, que antes llamábamos la caja tonta y ahora deberíamos llamar la caja atontadora.
El Estado y las comunidades
EL PAÍS. Con las competencias educativas traspasadas a las comunidades, ¿se ha acabado la política de Estado? ¿Se podrán garantizar la homogeneidad del sistema y la igualdad de oportunidades?
Solà. Ningún Estado ha sido puesto en peligro por la autonomía de los proyectos educativos y la adaptación a las necesidades del alumnado. La sociedad es diversa y cada día lo será más. Además, las comunidades educativas estamos trabajando en un ámbito que trasciende las fronteras del Estado, y nuestro hábitat natural es Europa, siempre con el máximo respeto a la solidaridad interregional.
Lezcano. Éste es uno de los grandes debates del futuro. Es indiscutible el valor de la diversidad y el respeto a las identidades, pero el Estado tiene una gran responsabilidad: hacer compatible el respeto a la diversidad con el principio de igualdad de oportunidades. Las transferencias se han hecho de forma atropellada y sin tener en cuenta los desequilibrios, dejando la inversión educativa supeditada a la capacidad de recaudación. Eso no es razonable. Cataluña, el País Vasco o Navarra tienen un potencial que no tienen Extremadura o Andalucía. Si no se hace nada, nos encontraremos con 17 sistemas educativos distintos, y eso podría acabar pervirtiendo el principio de igualdad de oportunidades. El Estado deberá seguir impulsando políticas de Estado, pero ya no serán iniciativas exclusivas del Gobierno de turno, sino acuerdos entre las comunidades.
EL PAÍS. ¿Y se dan las condiciones para esos acuerdos?
Lezcano. Lo que está claro es que no podemos mirar a otro lado. Necesitamos un proyecto común, un marco jurídico, político y financiero nuevo que garantice las nuevas políticas negociadas.
García Garrido. El pacto es imprescindible, porque estamos en trámites de pasarnos de rosca. Y si no, preguntemos lo siguiente: ¿sería posible hacer una LOGSE después de culminar las transferencias?
EL PAÍS. ¿Su respuesta es que no? ¿Es decir, que, por ejemplo, una nueva reforma en el año 2020 ya no sería posible?
García Garrido. De seguir así, no. Las interpretaciones que hacen de la LOGSE las comunidades no tienen nada que ver unas con otras. Lo malo es que se ha transferido lo que no se tenía que haber transferido, el nacionalismo y el centralismo de las comunidades, un centralismo que dificulta la autonomía de los centros.
La LOGSE
EL PAÍS. ¿Qué hay que hacer con la LOGSE: aplicarla a fondo o reformarla?
García Garrido. No hay que reformar las estructuras, sino ir retocando lo de dentro. Meterse en grandes aventuras de cambio no tendría sentido. Yo iría por la vía del pacto social, porque la LOGSE tiene en sí elementos de interpretación. Es una ley bien hecha técnicamente, otra cosa son los aspectos que se hayan subrayado. Pero con esa ley y una sabia interpretación se puede tirar para adelante.
Lezcano. Hay que aplicarla en profundidad, cosa que no se ha hecho, como lo demuestran los sucesivos retrasos. No está desarrollada como correspondería en temas cruciales como la red de centros, la oferta educativa, las plantillas adecuadas... Hay que aplicarla, pero haciendo una reflexión crítica.
Solà. Y teniendo en cuenta el protagonismo de los educadores, porque no se trata de que quede bonito sobre el papel, que lo aguanta todo.
EL PAÍS. ¿Sugiere que la LOGSE es una creación de pedagogos de despacho?
Solà. En algunos aspectos. Tiene una arquitectura coherente y responde a unos criterios progresistas, pero en algunos elementos se echa en falta la experiencia que da la práctica.
La formación profesional
EL PAÍS. ¿Sigue siendo la mejora de la FP una gran asignatura pendiente?
Solà. Es una de nuestras principales carencias. Una buena FP es muy cara, tan cara como la educación universitaria, pero un sistema coherente necesita una FP bien montada, prestigiosa, y, como rector, lo digo desde un punto de vista egoísta, porque el hecho de que no haya una buena oferta ha llevado a la Universidad a jóvenes que hubieran seguido un camino más adecuado con una formación más práctica que con el sistema universitario clásico, que también tenemos que revisar.
Lezcano. La FP era, si no la estrella de la reforma, una de las estrellas. Con un doble objetivo: evitar el progresivo desprestigio de la antigua FP y acometer estrategias para la inserción profesional en una sociedad que exige una mano de obra más cualificada. Era una de las estrellas y ahora es una de las grandes frustraciones. Por el camino que vamos se puede volver a producir la misma percepción social que tenía la antigua. Lo poco que se ha hecho, no sólo se reduce a campañas propagandísticas, sino que abundan en la lógica de descualificación, de pérdida de imagen.
García Garrido. Una vez más estamos ante un planteamiento excesivamente escolarizado. Los países pioneros hacen políticas extraescolares: en Alemania hay una gran participación de las empresas. El problema aquí es que se ha vuelto a escolarizar el asunto: el módulo medio, la necesidad de hacer el bachillerato... es la tendencia contraria a la de Alemania.
La Universidad del futuro
EL PAÍS.¿Cuáles son los desafíos de la Universidad española para afrontar el futuro?
Solà.La Ley de Reforma Universitaria fue transformadora en 1983, aunque tuviera aspectos discutibles, como la vía funcionarial para estabilizar al profesorado. Es cierto que el actual marco jurídico necesita ser revisado en muchos aspectos, como la coordinación entre las universidades o la organización de los planes de estudio según el modelo 3-5-8 años (diplomatura, máster o periodo de especialización, y doctorado) proclamado en la llamada Declaración de Bolonia, que pretende crear un "espacio universitario europeo". Tenemos que aumentar las becas y ayudas, ya que estamos a la cola de los países avanzados, lo mismo que estamos muy mal en financiación por alumno (4.900 dólares frente a más de 8.000 de promedio en la OCDE). Tenemos un claro déficit en esfuerzo de investigación: si se excluye el gasto militar, en 1999 nos encontramos por debajo de 1990 en pesetas constantes. España produce el 2,4% de las publicaciones científicas y es el país número 11 del mundo, pero en inversión está en la cola de la OCDE, sólo por delante de Turquía y Grecia. El sistema industrial español no valora la investigación y el capital no apuesta por valores tecnológicos e innovadores, no asume riesgos.
Lezcano. Está claro que hay que reformar la LRU, pero sería un error hacerlo pensando sólo en corregir fallos del pasado. Hay que poner los ojos en la Universidad del futuro, dentro del contexto europeo y en una sociedad en rápida evolución. Coincido en la idea de revisar los planes y rechazar los modelos gerenciales, pero hay que dar mayor funcionalidad y eficacia a los órganos de gobierno.
García Garrido. Por centrarme en los desacuerdos, yo tengo una opinión negativa de la LRU, que sólo consistió en una reforma del profesorado y los órganos de gobierno, pero dejó intacta la estructura. La LRU confundió la participación de la comunidad universitaria con la falta de liderazgo. No hablo de un modelo empresarial, pero sería absurdo confundir la democracia universitaria con la política. Sin pedir en absoluto un liderazgo autoritario, lo cierto es que hoy es muy difícil la toma de decisiones.
La evaluación del Partido Popular
EL PAÍS.¿Qué juicio les merece la política educativa del PP en estos cuatro años?
García Garrido. Ha sido una política errática, que empezó con una serie de fijaciones contra la reforma. Honradamente, fue un error importante, porque hizo que la oposición saltara de una manera muy contundente ante determinados discursos ministeriales [en el mandato de Esperanza Aguirre]. Lo del plan de humanidades me pareció un gravísimo error, no porque no haga falta una humanización de los planes de estudio, sino por la forma de llevarlo a cabo. Hubo interesantes intentos de pacto educativo, como el promovido por la Fundación Encuentro en favor de la educación pública, que fueron desaprovechados. En el fondo, lo que ha habido en el mandato del PP es una falta de profesionalidad en la gestión educativa. En el programa actual del PP veo un deseo más explícito que anteriormente de tomar iniciativas. Ahora bien, estoy acostumbrado a creerme poco estas cosas. Pero lo mismo digo del programa socialista.
Solà. La cuenta de resultados es muy pobre, aunque la legislatura del PP vino precedida de la inacción en la última etapa socialista, con la excepción del Plan de Evaluación de la Calidad. Con la entrada del PP hubo una esperanza, con Fernando Tejerina como secretario de Estado de Universidades, pero todo acabó con su destitución [julio de 1997]. Los sentimientos de decepción y de escepticismo están justificados.
Lezcano. El PSOE tuvo una gran iniciativa política armando un nuevo entramado educativo, con la LODE, la LOGSE y la LRU, pero luego perdió el impulso, como lo demuestra la falta de compromisos financieros y la incapacidad de lograr la complicidad de los profesores. Esa pérdida de impulso ha marcado también la etapa del PP. En estos cuatro años no ha habido política educativa. Ha habido ocurrencias que han tenido la virtud de generar focos de tensión, cuando un sistema educativo necesita una gran armonía para cualquier proceso. Además, el PP ha introducido líneas claras en favor de la financiación de los centros privados. Es esencial que los Gobiernos sepan que ellos son los titulares de los centros públicos y, como responsables de esta red, deben ser los primeros interesados en que sus centros sean los de más calidad. Y eso no se ha hecho. El Gobierno del PP no se ha esforzado en hacer que la red pública sea el modelo de calidad.
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