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Villaescusa elude comparecer en una comisión de las Cortes para explicar la política informativa de Canal 9

El director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José Vicente Villaescusa, no compareció ayer ante la comisión de las Cortes Valencianas encargada de controlar el funcionamiento del ente. Villaescusa puso como disculpa su supuesta asistencia a una reunión de la FORTA, según los socialistas, que añadieron que el organismo que aglutina a todas las televisiones autonómicas no tenía prevista para ayer ninguna reunión.En la reunión de la comisión de control se debatió otra iniciativa, propuesta igualmente por los socialistas, para solicitar la comparecencia de la directora de Canal-9, Genoveva Reig. El PSPV pretende que ésta explique los criterios empleados en la cadena autonómica para el seguimiento, difusión y emisión en informativos de eventos sociales y políticos que tienen lugar en la Comunidad Valenciana. El PP rechazó la solicitud.

El diputado socialista Andrés Perelló acusó a los populares de convertir la comisión en un "taller de blindaje" y señaló que, de seguir así -con lo que calificó como un "frontón de goma"-, habrá que "disolver" la comisión porque de esta forma "no sirve para nada". Perelló dijo que el PP está llevando a cabo una "pseudoprivatización del Parlamento" para utilizarlo "en su propio beneficio". Se está produciendo, añadió, una "apropiación indebida" de la televisión valenciana por parte del PP.

El popular Miguel Barrachina echó en cara a los socialistas el hecho de que durante sus últimos ocho años de gobierno "jamás" permitieron que el director de TVV compareciera en las Cortes y salió al paso de la crítica del PSPV respecto a los tiempos que los informativos de Canal-9 dedican a los líderes políticos al señalar: "Reclamar aquí que el líder de su partido, Diego Macià, tenga que salir en TVV tanto como Eduardo Zaplana, es una broma".

El nivel y el tono del debate llevaron a la diputada Dolors Pérez, de Esquerra Unida, a poner de manifiesto que los dos grupos mayoritarios habían convertido la comisión parlamentaria en un remedo del programa Tómbola. La comisión aprobó por unanimidad instar al Consell a regular el derecho de los usuarios de las televisiones autonómicas a conocer su programación con 11 días de antelación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de febrero de 2000