El Gobierno de CiU crea una oficina para impulsar el pacto fiscal que defiende la coalición

Convergència i Unió (CiU) quiere llegar a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica con los deberes hechos. El Gobierno catalán ha decidido crear un grupo de trabajo que se encargará de proporcionar a los nacionalistas los argumentos necesarios para defender su propuesta de pacto fiscal, que incluye, entre otras demandas, la recaudación de todos los impuestos por parte de la Generalitat y el traspaso de la Agencia Tributaria. CiU pretende, además, contar con el respaldo de otras fuerzas políticas, para lo cual llevará sus reivindicaciones a votación en el Parlament .

El nuevo organismo se denominará Programa para el estudio y reforma de la financiación autonómica y estará dirigido, con rango de director general, por Jaume Vilalta, ex responsable de la Dirección General de Programación Económica. Su misión será la elaboración de estudios para impulsar el modelo de financiación que defiende Convergència i Unió (CiU), cuyo objetivo es mejorar los recursos económicos de la Generalitat. El actual sistema caduca a finales del año 2001 y el nuevo deberá empezarse a negociar, según afirmó el portavoz del Ejecutivo catalán, Artur Mas, a la mañana siguiente de las elecciones legislativas del 12 de marzo.Mas señaló ayer en rueda de prensa que la negociación será larga y ardua, por lo que el Gobierno quiere afrontarla pertrechado de argumentos sobre la "injusticia" que supone el actual sistema de financiación. CiU considera "discriminatorio" el modelo en vigor porque supone un desequilibrio fiscal para Cataluña de entre 700.000 millones y 1,2 billones de pesetas, según figura en el programa electoral de los nacionalistas catalanes.

El pacto fiscal que reclama CiU comporta que la Generalitat recaude todos los impuestos en Cataluña y los gestione a través de la Agencia Tributaria, cuyas competencias asumiría. Posteriormente, el Ejecutivo catalán aportaría al Gobierno central el 40% del IRPF y la mitad del impuesto sobre sociedades y del IVA, mientras que se quedaría con la totalidad de lo recaudado en concepto de impuestos especiales, por la matriculación de vehículos y los tributos cedidos. Asimismo pide mayor capacidad normativa en el impuesto sobre la renta y en el de sociedades.

Apoyo parlamentario

Los nacionalistas quieren presentarse a la negociación del nuevo sistema de financiación con el máximo apoyo político. Para ello llevarán su propuesta de pacto fiscal al Parlament, con el fin de conseguir el respaldo de otras fuerzas. En opinión de Artur Mas, la creación de este grupo de trabajo en la Generalitat no entra en contradicción con la ponencia parlamentaria que en la anterior legislatura elaboró otras propuestas en el mismo sentido, las cuales tan sólo recibieron el voto a favor de Convergència i Unió y Esquerra Republicana. El PSC e Iniciativa per Catalunya no participaron en la votación por considerar que tan sólo se trataba de una maniobra electoral de los convergentes en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas.

"Llevaremos este tema al Parlament", afirmó el portavoz del Ejecutivo, "porque queremos ampliar el consenso, aunque antes ya había una mayoría parlamentaria, la de CiU y de ERC". De todas formas, Mas subrayó que ya existe un organismo en el que están representados los partidos políticos y el Gobierno: la comisión mixta de valoraciones.

El consejero de Economía, Artur Mas, se estrenó ayer en solitario como portavoz del Gobierno catalán. El Consell Executiu del martes aprobó la creación de la oficina del portavoz, que estará dirigida por David Madí, con rango de director general. Esta oficina dependerá exclusivamente del Departamento de Economía, a pesar de que en principio se pensó que estaría supeditada a Presidencia, encargada de las relaciones con los medios de comunicación.

Las competencias de la oficina se ceñirán a las ruedas de prensa posteriores al Consell Executiu y a los comunicados oficiales del Gobierno en pleno.

Artur Mas confirmó ayer que el Departamento de Presidencia, dirigido por Joaquim Triadú, será el que coordine la política del Gobierno catalán, tal y como anunció en su día el propio presidente, Jordi Pujol, y a pesar de que Economía tenga las competencias de la Dirección General de Asuntos Interdepartamentales. Esta organismo, que entes dependía de Presidencia, era el coordinador de la política de los consejeros.

Aunque no se le preguntó por ello, Mas señaló que este doble reparto de funciones no influirá en el normal desarrollo de las tareas del Gobierno y calificó de "espléndida y fructífera" su relación con Triadú.