Financiación y transparencia JORDI SÁNCHEZ

La mal resuelta cuestión de la financiación de la actividad política nos introduce a una más general inquietud sobre el funcionamiento del sistema democrático. La tentación de algunos políticos y de la mayoría de partidos es la de buscar soluciones al margen de la ley para subsanar la falta de realismo de nuestra legalidad vigente sobre esta cuestión. El problema que esa actitud conlleva no es exclusivamente de naturaleza jurídica (si se produce un delito, éste debe ser sancionado) sino que la principal dimensión del problema pasa a ser de naturaleza política. Una utilización irresponsable de los medios y del mecanismo de financiación de las formaciones políticas y más concretamente de las campañas electorales tiene muchas posibilidades de acabar en un escándalo que no sólo acapare todas las energías políticas y mediáticas del momento -con un riesgo añadido de paralizar la propia vida política del país- sino que tiene el peligro de contribuir a la erosión de las bases de legitimidad y en consecuencia de autoridad y respetabilidad de los políticos en general y de nuestras instituciones de gobierno. Precisamente en estas últimas consecuencias deberíamos poner atención ya que el margen de credibilidad y legitimidad que disponen nuestras instituciones democráticas no es ilimitado ni irreversible.La democracia goza en nuestra sociedad de un apoyo muy amplio. Pero ese apoyo tiene algunos puntos débiles que no deberíamos descuidar. Uno de ellos lo tenemos en las dudas y recelos que los partidos y los políticos en general despiertan aún en sectores muy amplios de la opinión pública. Es cierto que esta desconfianza se ha ido reduciendo con el paso del tiempo y gracias a la experiencia democrática iniciada después de la muerte de Franco. Pero no deberíamos olvidar que esa actitud sigue latente en nuestra cultura política y que situaciones de tensión política como las que se vivieron entre 1993 y 1996, en parte por problemas de financiación irregular de formaciones políticas, hicieron despertar esas pasiones adormecidas dentro de nuestro inconsciente colectivo, de amplio rechazo hacia los partidos políticos y hacia la misma actividad política. Al lector le puede parecer una paradoja la existencia, por un lado, de esa adhesión a los valores democráticos y por otro de esa precaución hacia los actores políticos que en un sitema democrático como el nuestro son por excelencia los partidos políticos. Efectivamente es una paradoja. Es la paradoja que define una cierta característica de nuestra cultura política y que hace muy evidente el legado de la historia política española del siglo XX en ella, especialmente el legado franquista. Es por ello que la precaución que los políticos deben tener en determinadas actuaciones para no incurrir en situaciones de ilegalidad es en nuestro caso doblemente importante.

La situación de insuficiencia financiera en la cual muchos partidos políticos se ven atrapados es una evidencia que nadie puede negar. Por ello es incomprensible que los propios políticos no hayan puesto aún remedio a esa situación. La legislatura que acaba de finalizar no ha servido para disponer de una nueva ley de financiación de los partidos políticos. La comisión parlamentaria se vio atrapada en escenarios de confrontación que hacían imposible el consenso y de los que no pudo salir. Y ahora, a punto de iniciar una nueva campaña, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que esa cuestión ha desaparecido de la agencia política de campaña. Esa capacidad de la clase política y mediática de hacer aparecer y desaparecer de la agenda temática del debate cuestiones sin más criterio que la oportunidad del momento y el immediatismo más irracional es sin duda una de las grandes amenazas para la gobernabilidad de nuestras sociedades. La dictadura del hoy puede hacer aparecer muchas cuestiones por resolver imprescindibles para garantizar un mañana no mucho peor que el ayer. Estas últimas semanas hemos sido testimonios de cómo la imagen del ex canciller Kohl era denostada y de cómo en pocos días una parte de su pasado quedaba seriamente amenazado por cuestiones de financiación irregular de su partido. Es muy posible que estos días muchos partidos estén construyendo dobles contabilidades y recibiendo dinero para la campaña de procedencia no declarable, a pesar de ser conocedores del riesgo que corren, no sólo en el presente inmediato sino también en el futuro más lejano. No acabo de comprender como los políticos, disponiendo como disponen de otras posibilidades -como es la reforma de la ley de financiación y la limitación de los gastos electorales- acaban optando por caminos de mucho riesgo para sus propios intereses. Es una actitud ciertamente estúpida e irracional.

También es cierto que la opinión pública tiene parte de responsabilidad con una actitud hostil a una adecuada financiación de la actividad política, empezando por la propia retribución de los cargos públicos. Sobre esta cuestión es fácil posicionarse según lleva la corriente, pero no hay duda de que en nuestra sociedad y en términos generales la profesión política está mal retribuida y que la reincorporación al mercado laboral de esos profesionales no es a menudo fácil. Ciertamente lo es para los grandes cargos, pero éstos son una muy pequeña minoría. Toda institución de gobierno cuesta dinero en cualquier modelo de organización política y en cualquier sociedad. En democracia, la ventaja de que disponemos en referencia a la dictadura, es que podemos aspirar a conocer ese costo y la procedencia del dinero que lo sufraga. No avanzar en el camino de la transparencia es, en cierta medida, sembrar con algunos escollos el futuro de la democracia.