La rentabilidad del medio ambiente

Ecologistas, empresarios y políticos coinciden en apostar por el negocio 'verde,' aunque difieren en el modelo de desarrollo

La diversidad natural y la vinculación de la economía regional a actividades tradicionales, con escaso impacto en el paisaje, han legado a Andalucía una riqueza medioambiental que se refleja en la normativa comunitaria: la Red Natura 2000, elaborada para conectar los espacios protegidos europeos, incluye un 28% del territorio de la comunidad. La incorporación, en los últimos años, de criterios conservacionistas en la legislación ha provocado conflictos con actividades industriales. Ahora, empresarios, políticos y ecologistas coinciden en resaltar la vertiente rentable del medio ambiente, aunque muestran serias divergencias sobre qué es un modelo de desarrollo sostenible."El medio ambiente también puede dar dinero; en todo caso, son mejores las actividades que construyen que las que destruyen", explica Yolanda Menor de Gaspar. La coordinadora de Ecologistas en Acción considera que la próxima Administración autonómica debe revitalizar el Plan Forestal Andaluz, lastrado en esta legislatura por el retraso en la aportación de fondos comunitarios que gestiona el Gobierno central. "Es un instrumento que tiene muchas posibilidades: previene la desertificación y puede crear mucho empleo en poblaciones rurales", asegura Menor de Gaspar.

La federación ecologista sí advierte de que el próximo Gobierno andaluz debe poner coto a los cultivos arbóreos (sobre todo a los eucaliptales en Huelva y Sevilla). Y le emplaza a regular las actividades de turismo rural en espacios protegidos. "El turismo es un suplemento importante para las poblaciones en parques naturales, pero debe darse prioridad a pequeñas empresas del entorno", afirma la portavoz conservacionista.

Ecologistas y empresarios coinciden, por razones distintas, en señalar que la introducción de energías renovables en los próximos años debe dar lugar a una pujante actividad económica; Andalucía, como el resto de España, lleva retraso con respecto a los objetivos comunitarios (un 12,5% de los consumos energéticos antes del 2010). Los criterios de rentabilidad explican su desigual desarrollo; las eléctricas se disputan los nuevos campos eólicos (ya facturan 1.000 millones de pesetas al año y en dos años se triplicará la instalación de aeorogeneradores), mientras que la instalación de placas solares no despega, a pesar de las subvenciones autonómicas (que este año no fueron suficientes para atender la demanda).

El sector energético será una de las ramas económicas en las que el incipiente empresariado medioambiental adquirirá importancia. Según un estudio del Instituto de Desarrollo Regional, ya hay en la región 238 sociedades que se dedican a la gestión del agua, al tratamiento de contaminantes, a servicios para la protección del medio o a la consultoría medioambiental entre otras actividades. Un sector que ya factura 100.000 millones de pesetas al año y emplea a 19.000 trabajadores; la mayor parte de las firmas son pequeñas y medianas empresas, aunque también se incluya a grandes sociedades como Endesa o Abengoa.

Muchas de las expectativas de este nuevo empresariado (que acaba de constituir su organización profesional, Aesma) se cifran en mitigar o controlar los efectos perniciosos de la industria más contaminante. Así, el Instituto de Desarrollo Regional estima que faltan 10 plantas de recuperación y 18 estaciones de transferencia (una inversión de 14.000 millones) para completar la gestión de residuos sólidos urbanos en los municipios andaluces. También advierte de que sólo se tratan correctamente 74.000 de las cerca de 400.000 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos que se generan cada año en la región, por lo que serían necesarias inversiones por 22.000 millones. Y el mercado potencial de auditorías ambientales en España se cifra en 70.000 millones.

La postura de los partidos políticos ante este nuevo fenómeno económico es expectante: la mayor parte de los programas electorales siguen volcados en las campañas de sensibilización y en criterios conservacionistas. Tan sólo la posibilidad de aplicar una ecotasa, recogida en el acuerdo entre socialistas y Los Verdes, ha provocado cierto debate: esta propuesta prevé aplicar un impuesto a los visitantes para redistribuirlo hacia acciones que mitiguen el impacto ambiental del turismo; ecologistas e IU creen que la ecotasa debe aplicarse a las industrias contaminantes.