El Tribunal Superior da la puntilla por "ilegal" al plan municipal para nuevas gasolineras

El Tribunal Superior de Madrid ha dado la puntilla al plan de gasolineras que aprobó el Ayuntamiento de Madrid en 1994. Este plan, que quedó en suspenso tras constatarse que las grandes compañías serían sus beneficiarias, dejaba en manos del municipio la adjudicación de las nuevas gasolineras de Madrid. Los jueces sostienen en una sentencia que resuelve un recurso de una compañía suministradora que el citado plan es ilegal y que los municipios carecen de competencias y potestad para adjudicar surtidores, expropiar suelo para los mismos y cobrar un canon.

El plan elaborado por el gobierno municipal de Madrid imponía a las compañías la obligación de que el suelo sobre el que se levantasen los surtidores fuese de titularidad municipal y, a la vez, permitía al municipio cobrar un canon anual por cada litro de combustible vendido. El municipio, dentro de sus competencias urbanísticas, puede diseñar los puntos de la ciudad en los que cabe instalar un surtidor, pero en ningún caso arrogarse la titularidad municipal del suelo y menos aún exigir a las adjudicatarias el pago de un canon por su explotación, como pretendían los gestores del PP. Eso vulnera la ley que regula la liberalización del mercado del suministro de combustible, según una sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Madrid fechada el pasado 1 de febrero.

El alto tribunal se ha pronunciado en estos términos en una sentencia en la que estima un recurso interpuesto por Repsol Comercial contra una decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo que le denegó en 1992 una licencia para construir una gasolinera en la capital.

Plan especial

El Ayuntamiento informó entonces a Repsol de que le denegaba la licencia porque estaba pendiente de redactar un plan especial en el que se establecerían los lugares en los que se podían instalar gasolineras. El citado plan entró en vigor dos años después acompañado de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que incluía la creación de 56 gasolineras en Madrid, cuya adjudicación, según el plan, competía al Consistorio.

Lo que el Tribunal Superior ha anulado es la parte normativa del plan que impone la obligación de que el suelo sea de titularidad municipal y que otorga al Ayuntamiento la facultad para adjudicar las nuevas estaciones. El plan facultaba al municipio para expropiar suelo destinado a un surtidor y luego adjudicar su explotación.

Interpreta el Tribunal Superior que esa normativa es ilegal, puesto que el Ayuntamiento no debe intervenir en este sector y menos aún convertirse en dueño de las gasolineras y cobrar un canon a las concesionarias de la explotación de las mismas. Sostienen los jueces que, con ese plan, el Ayuntamiento lo que hace es utilizar su potestad en materia de urbanismo para constituir un seudomonopolio sobre el suministro de carburante en la capital.

Lo único válido del frustrado plan es lo que permite al Ayuntamiento, dentro de su facultad urbanística, supervisar las características y medidas de seguridad de la instalación, pero nada más. "No podemos admitir", señala la sentencia, "que las corporaciones locales puedan convertir en dominio público bienes destinados a la prestación de un servicio que ha dejado de tener carácter de servicio público (...), y no es posible constituir un dominio público sobre el que el Ayuntamiento de Madrid pueda otorgar algún tipo de concesiones".

El Tribunal Superior rechaza en la sentencia el argumento municipal según el cual "el suministro de carburantes es un servicio público que todo Ayuntamiento debe garantizar". El Ayuntamiento, refuta la sentencia, "no puede conceder lo que no tiene, por no ser titular de servicio alguno". Además, "es nula de pleno derecho" la norma del plan que permite al Consistorio "utilizar el mecanismo de la expropiación como medio de incorporación a la titularidad pública" de terrenos privados en los que se hayan previsto nuevos surtidores.

El edil de Urbanismo, Ignacio del Río, señaló el martes que el plan no ha llegado a aplicarse. Admite que, tras su aprobación, se adjudicaron siete gasolineras por mandato judicial debido a derechos adquiridos de algunas compañías. Del Río está "estudiando" trasladar unas 50 gasolineras ubicadas en calles de la capital especialmente saturadas de tráfico y viviendas. El Consistorio facilitaría a sus dueños otros lugares más descongestionados y, para compensarles, les otorgaría licencias con las que, aparte del surtidor, puedan montar tiendas y lavadero de coches.