El Constitucional admite el recurso del Gobierno y suspende la ley de Doñana

El Tribunal Constitucional admitió ayer el recurso del Gobierno central contra la Ley del Espacio Natural de Doñana, aprobada por el Parlamento andaluz en octubre de 1999. La providencia del Constitucional, publicada el pasado 1 de febrero, "produce la suspensión de la vigencia y aplicación" de la norma autonómica, que pretendía unificar la gestión del parque nacional y el parque natural en un nuevo órgano con representación mayoritaria de la Junta de Andalucía. El presidente andaluz, Manuel Chaves, tildó de "sectaria" y "electoralista" la iniciativa del Ejecutivo central.

El presidente de la Junta cargó contra el recurso que interpuso el Ejecutivo central el pasado 21 de enero. "No me puede extrañar que el Gobierno, en plena campaña electoral, haya hecho con Doñana lo mismo que hizo con la ley de Cajas", dijo Chaves, tras asistir ayer a una reunión con representantes del sector turístico malagueño.El Gobierno central impugnó en su totalidad la ley andaluza al considerar que vulneraba la normativa estatal de 1997 que regula las figuras de protección medioambiental. La ley impulsada por el consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, creaba un único espacio de protección para las más de 100.000 hectáreas que constituyen el parque nacional y el parque natural de Doñana. Hasta ahora, la Administración central se hace cargo de la reserva nacional, mientras la Junta gestiona el parque natural.

El proyecto de Blanco, refrendado por la Cámara andaluza, pretende un "tratamiento uniforme" de la conservación, restauración y mejora de los recursos en un único espacio natural, gestionado por un director, un conservador y un gerente nombrados por la Consejería. La Junta ya interpuso un recurso contra la normativa estatal de 1997, por considerar que no respetaba las competencias en protección natural atribuidas a autonomías.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Luis García Garrido, advirtió de que la decisión del Constitucional sólo es una cuestión técnica. "El artículo 161 de la Constitución establece que ahora el Tribunal tiene cinco meses para decidir si levanta la suspensión o la ratifica", recordó. La lectura del secretario del PP en el Parlamento andaluz, Rafael Salas, fue bien distinta. El parlamentario popular consideró que la decisión del Constitucional es una "bofetada" a Chaves, que deja a la Junta "bajo mínimos".