El programa del PP prevé ceder impuestos especiales como quiere CiU

El programa territorial del PP abre la puerta a la cesión de los impuestos especiales y de un mayor porcentaje del IRPF a las comunidades autónomas, así como a la cogestión de la Agencia Estatal Tributaria. Todos estos aspectos, que serán claves para una posible negociación entre el PP y CiU si el partido de José María Aznar gana las elecciones, tienen un tratamiento ambiguo por si los resultados tras el 12-M les obligan a un acuerdo con los nacionalistas catalanes.

Según las fuentes consultadas del PP, las propuestas que inspiran al programa territorial del PP no fijan el porcentaje de cesión del IRPF a las comunidades autónomas. En 1993, el Gobierno socialista de Felipe González cedió el 15% del IRPF a las administraciones autonómicas, tras negociarlo con Jordi Pujol, y en 1996, José María Aznar subió esa cesión al 30% e incluyó la capacidad normativa, recogido en el pacto de investidura que también suscribió con el presidente de la Generalitat.Lo mismo sucede con la cesión de los impuestos especiales, reclamada por CiU en su programa electoral. Las propuestas del PP se limitan a abrir la puerta a dicha cesión de los citados impuestos indirectos a las comunidades autónomas, pero tampoco se precisa cuáles se incluirán en la cesta. Esta cuestión la estudian, en estos momentos, técnicos a los que ha encargado esta tarea el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cuanto a la Agencia Estatal Tributaria, otra de las reclamaciones programáticas de CiU, las propuestas del PP defienden una agencia unitaria para toda España, pero abierta a fórmulas de participación de las comunidades autónomas como la cogestión.

Sobre estas bases, las fuentes del PP consultadas, creen posible abrir una negociación con CiU si la aritmética parlamentaria que surja del 12-M lo requiere. Ayer, el propio vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, refrendó las pretensiones del PP en materia de alianzas. Aludiendo a CiU, señaló: "En campaña electoral es lógico que todos los partidos marquemos diferencias. Pero, tras las elecciones generales, va a pesar mucho más el aval del patrimonio del diálogo de toda esta legislatura que la apariencia de distanciamiento del período electoral".

El PP pretende, según sus propuestas, buscar una fórmula estable para el modelo de financiación dentro de la "corresponsabilidad fiscal y la solidaridad y la suficiencia financiera" de las comunidades autónomas. En este sentido, aunque el programa tampoco explicitará el contenido de la "estabilidad" del modelo de financiación, la pretensión del PP es que la renovación en el año 2001 de dicho modelo no se vea obligada a ser revisada cada cinco años, como ahora proclama la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).

En cuanto a la reforma del Senado, otra de las cuestiones claves de la política territorial, tampoco el PP adquirirá mayores compromisos. Las propuestas programáticas apuntan en la dirección de avanzar en la reconversión del Senado como cámara territorial. Es más, respecto al programa electoral de 1996, desaparece la referencia de que el PP impulsará el necesario acuerdo de los partidos políticos para proceder a la reforma del Título III de la Constitución.

Por último, en el capítulo dedicado a la descentralización del Estado el PP evitará expresiones como el "cierre del modelo autonómico". En el programa electoral de 1996, el PP propuso un cierre competencial del modelo autonómico en dos legislaturas así como la fijación de las materias de competencia exclusiva del Estado, susceptibles de traspasarse a las comunidades autónomas.

En el programa para la próxima legislatura, no habrá conclusiones tajantes. Quedará abierto el modelo, pero la mayor precisión hará referencia a la necesidad de completar el desarrollo autonómico, en alusión al traspaso pendiente de las competencias en materia de sanidad y en políticas activas de empleo, pendientes para las comunidades reguladas por el artículo 143 de la Constitución.

Estos traspasos están recogidos y tasados en la reforma de los estatutos de autonomía, de las comunidades de vía lenta, que el PP y PSOE han pactado esta legislatura.