Un estudio académico insta a la reforma del modelo de televisión pública
La televisión pública necesita una profunda y rápida reforma para adaptarse al nuevo panorama digital, marcado por la multiplicación de ofertas y la concentración de la producción audiovisual en pocas empresas. Precisa dotarse de una autoridad independiente políticamente, profesional y no partidista. Y debe garantizar el pluralismo y el acceso igualitario de toda la población a la sociedad de la información. Éstas son las principales conclusiones del estudio La televisión pública en la era digital, encargado hace dos años por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) a los catedráticos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma (UAB) Miquel de Moragas y Emili Prado, que se presentó ayer en el Colegio de Periodistas.Según el estudio, la televisión pública debe resolver simultáneamente cuatro cuestiones clave: redefinir su misión política, social, económica y cultural; contar con un contrato programa que le asegure la financiación; ser económicamente sostenible, y dotarse de una autoridad suprema e independiente, al margen del actual control político. Dicho organismo tendría la función de ejercer de guía ética y social sobre los contenidos de las televisiones públicas y privadas, garantizar el pluralismo e imponer sanciones por incumplimiento de las normas establecidas. Sus miembros deberían demostrar su competencia ante el Parlament y conseguir el respaldo de una mayoría cualificada, una fórmula ya experimentada en el Congreso de Estados Unidos.
Al acto de presentación del informe acudieron algunos miembros de la ponencia encargada de elaborar el proyecto de la nueva ley del CAC, propuesta surgida a partir del debate parlamentario del pasado diciembre sobre el sector audiovisual.
Ante ellos, los autores del estudio destacaron la necesidad de un "pacto democrático para elaborar una legislación que integre los sectores públicos y privados audiovisuales y las industrias culturales", y añadieron que el informe "no propone fórmulas legislativas, sino que pretende ser un marco teórico que facilite las decisiones políticas sobre la reforma del modelo actual".
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