Un alto precio por ser antirracista

El policía municipal William Poiteaux no pretendía convertirse en héroe aquella mañana del 3 de abril de 1990 en la que rechazó cumplir la orden de multar a un comerciante árabe de Courbevoire. Tampoco esperaba, desde luego, que aquella negativa le arrastrara a un proceso que ha arruinado 10 años de su vida. Como ocurre en tantos otros barrios, incluidos los parisienses más señoriales, algunos comerciantes de Courbevoire evitan las multas de estacionamiento gracias al sistema de vigilancia y aviso que les permite adelantarse a la llegada de los agentes. Willian Poiteaux había visto cómo el tendero salía precipitadamente del establecimiento y colocaba en su coche el preceptivo ticket de aparcamiento, pero contra las airadas indicaciones de su superior, optó por atenerse al reglamento, que no hace juicios de intenciones, no entiende de picarescas ni prejuicios. En las dos semanas escasas que llevaba destinado en este municipio de los alrededores de París, el agente Poiteaux, de 22 años, ya había oído otras veces las instrucciones de "mostrarse severo con los árabes" y comentarios como "estos tipos no tienen nada que hacer aquí", pero no llegó a imaginar que su actitud pasara a mayores. Casado con una mujer de origen tunecino, supuso que en Francia todo el mundo está blindado contra las órdenes racistas.Poiteaux fue despedido fulminantemente y calificado como agente desobediente e incapaz. Los vecinos del barrio de Courbevoire respaldaron su versión de los hechos y tampoco faltaron entonces los políticos y abogados de las buenas causas dispuestos a sustentar públicamente su defensa. Después de arrostrar agresiones y amenazas de quienes le exigían anónimamente que "pusiera término a la campaña", llegó finalmente el día en el que la justicia hizo resplandecer la verdad: el agente había actuado correctamente al negarse a multar al comerciante.

El mismo día en que debía incorporarse a su puesto de trabajo, el agente sufrió un grave accidente de tráfico, fatalidad que aprovecharon sus antiguos jefes para despedirle nuevamente, esta vez por "incomparecencia laboral". Destrozado anímica y físicamente, William Poiteaux reemprendió la batalla judicial, sin dejar de denunciar públicamente el racismo latente en una parte de la policía. La nueva sentencia volvió a considerar abusivo su despido, pero esta vez asumió el argumento acusatorio de que al hacer declaraciones a los medios informativos había faltado al "deber de reserva" profesional, lo que le inhabilitaba para ocupar el puesto de agente.

La trama está salpicada de acciones violentas: robo en su domicilio, incendios provocados, llamadas telefónicas, y hasta detenciones explicadas con argumentos de lo más peregrino. Es el relato cruel de un hombre que un día dijo no y fue conducido por un laberinto de pesadillas que dura ya 10 años. El protagonista terminó separado de su mujer -"no pudo soportar todo lo que se nos vino encima", dice él-, hundido en una depresión coronada con un intento de suicidio. Mientras, sobrevive gracias a los subsidios mínimos sociales y a trabajos ocasionales.

Poiteaux resiste aferrado a la esperanza de lograr un día un veredicto que restablezca su buen nombre y le resarza moralmente de todos sus padecimientos. "Ha habido momentos en los que he estado verdaderamente a punto de abandonar", dice, "pero después de haber perdido 10 años de mi vida ya no puedo pararme aquí".

El ex policía municipal de Courbevoire no generaliza su acusación. "Lo que pasa es que algunos policías se vuelven racistas por la dinámica del oficio y porque hay jefes que en lugar de frenar esas reacciones, las fomentan", sostiene. "Mi problema", añade, "es que mis antiguos colegas no pueden permitir que gane el proceso porque eso sería tanto como admitir que efectivamente hay racismo en la policía francesa". A sus 32 años y en el paro, dice que se conforma con recuperar su puesto de trabajo y asegura que está dispuesto a renunciar a los 800.000 francos de indemnización (unos 20 millones de pesetas) que reclama su abogada.

William Poiteaux deposita ahora sus esperanzas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con el argumento de que el obligado "deber de reserva" exigible a los funcionarios policiales no puede ser invocado cuando ya estaba despedido. Amargamente, confiesa que si hubiera sabido lo que le esperaba, probablemente no habría actuado así la mañana del 3 de abril de 1990, en Courbevoire.