ONG y centrales piden al Gobierno más plazo para la regularización de inmigrantes

La comisión laboral del Foro de la Inmigración, en el que están presentes organizaciones no gubernamentales (ONG) y centrales sindicales, pidió ayer al Gobierno que amplíe de dos a cuatro o seis meses el plazo previsto por la nueva Ley de Inmigración, vigente desde hoy, para que los inmigrantes afectados puedan regularizar su situación en España. En su criterio, ése es el mínimo tiempo necesario para ello, habida cuenta del "caos" y consiguiente "retraso" con el que se trabaja en los centros dependientes de la Brigada de Extranjería, ya que "carecen de los medios adecuados".

La nueva Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social entra hoy en vigor sin disponer todavía de un reglamento que la desarrolle y con la amenaza por parte del PP de "modificarla", según recordó ayer el ministro del Interior, Jaime Mayor, si permanece en el Gobierno tras las elecciones generales del próximo 12 de marzo y reúne el suficiente apoyo parlamentario para ello.No obstante, el director general de Política Interior, José Ramón Ónega, insiste en que casi el 90% del texto legal es de aplicación directa y no necesita desarrollo reglamentario. Por esta razón, advierte, los ministerios implicados -Exteriores, Interior, Educación y Cultura, Sanidad, Administraciones Públicas y Trabajo y Asuntos Sociales- han creado grupos de trabajo y se han "preparado" para poder aplicar las medidas establecidas.

Ayer, en su reunión, el Foro de la Inmigración estudió de forma puntual el borrador del real decreto que, según marca la ley y a tramitar por el procedimiento de urgencia, debe aprobar el Ejecutivo para abrir un proceso de regularización extraordinaria para aquellos inmigrantes que, aun en situación irregular, puedan demostrar que se hallan en España desde el 1 de junio de 1999 y cumplan diversos requisitos, como el de haber sido titulares en un momento dado de un permiso de trabajo o de residencia. Los cálculos cifran en unas 70.000 u 80.000 las personas que podrían acogerse a este beneficio.

El problema, para las ONG y sindicatos como Comisiones Obreras (CC OO), la Unión General de los Trabajadores (UGT) o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), es que el plazo de dos meses que, de acuerdo con lo previsto, se abrirá el próximo día 22 a tal efecto es "insuficiente". Por ello sus representantes pidieron ayer al Gobierno que se amplíe a cuatro o incluso a seis meses. Para apoyar su solicitud adujeron que el "retraso" y las "colas" actuales se multiplicarán cuando el proceso se ponga en marcha.

En concreto, CC OO denunció el "caos absoluto" existente en los centros dependientes de las Brigadas de Extranjería por el escaso número de sus empleados, que se ven "desbordados al carecer de los medios adecuados".

También Mustapha M'Rabet, el portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) se mostró crítico con la Administración tras el encuentro de ayer porque, afirmó, "se ha limitado a escuchar nuestras propuestas y a apuntar que necesita tiempo para estudiarlas". Según M'Rabet, es imprescindible que los interesados tengan la máxima información y la mayor seguridad jurídica posible, así como que sus demandas se tramiten con agilidad. "Nuestros planteamientos son realistas, no obstruccionistas, respecto al desarrollo del real-decreto. Y todos van orientados a dotarlo de esos pilares básicos", concluyó.

Aparte la regularización extraordinaria de los inmigrantes irregulares que puedan acreditar su permanencia en España desde antes del 1 de junio de 1999, la nueva ley, entre otras medidas, reconoce a los extranjeros los derechos de reunión, asociación y huelga; consagra su derecho a la educación obligatoria, la asistencia sanitaria y las ayudas para la adquisición de viviendas, y les facilita el reagrupamiento familiar.