Último día para pedir el permiso necesario para la regularización

Mañana entra en vigor la nueva Ley de Extranjería y, en consecuencia, hoy es el último día para que los inmigrantes que no lo hayan hecho soliciten el permiso de residencia o trabajo si quieren regularizar su situación.La ley prevé la regularización de todos aquellos extranjeros que se encuentren en España desde antes del 1 de junio de 1999 y acrediten haber tenido o solicitado un permiso de residencia o trabajo en los tres años anteriores a la entrada en vigor del texto legal. Es decir, antes de mañana.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en el que participan ONG, sindicatos y los ministerios afectados, informará hoy el proyecto de decreto que fija el proceso de regularización, al que se estima podrán acogerse unos 80.000 extranjeros. Las ONG consideran globalmente positivo el borrador de decreto, aunque juzgan insuficiente el plazo de dos meses -del 22 de febrero al 28 de abril- previsto para el proceso de regularización y piden que se amplíe.

Aplicación directa

Además de este decreto, el Gobierno debe aprobar antes del 1 de agosto el reglamento que desarrolla la nueva ley. Pero la falta del mismo, según el subsecretario del Ministerio del Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo, no impide que la mayoría de las novedades de la ley entren ya en vigor, por ser de aplicación directa.

Por ejemplo, los derechos fundamentales de los extranjeros a la sanidad, la educación, la asociación o la huelga. Pero también el reagrupamiento familiar o la posibilidad, prevista en el polémico artículo 29.3, de tener acceso a la residencia temporal si se acredita una estancia ininterrumpida de dos años en España, se está empadronado y se cuenta con medios para subsistir.

La aplicación de estos artículos, según Calvo-Sotelo, requiere de criterios interpretativos, por lo que serán objeto de una circular mientras llega el reglamento.

La que no requiere interpretación es la disposión adicional única, según la cual las demandas de prórroga de los permisos de residencia y trabajo quedarán automáticamente aprobadas si no se responden en tres meses. La Administración tarda ahora hasta un año en contestar, por lo que "habrá que hacer un importante esfuerzo organizativo y de personal", admite Calvo-Sotelo.

Otro punto de la ley que el PP intentó modificar, la necesidad de motivar la denegación de visados, no se aplicará por ahora, pues, según la Oficina de Información Diplomática, requiere la aprobación del reglamento.

Pero no es la Administración central la única afectada. El PSOE, según su responsable de Política Municipal, Alfonso Perales, celebrará esta semana una reunión para estudiar las consecuencias de la ley para los ayuntamientos. Entre otras, la obligación de "elaborar y mantener actualizado el padrón de extranjeros". Su inscripción en él será preceptiva para tener acceso a derechos como la asistencia sanitaria.