El CES culpa a las comunidades y al Inem de que haya empleos sin ocupar

El Consejo Económico y Social (CES) atribuye a la falta de eficacia del servicio público de empleo del Inem y de las comunidades autónomas que lo tienen transferido el que determinadas ofertas de trabajo no se cubran, pese a la existencia de 1,6 millones de parados. El informe aprobado ayer por el CES detecta que no existe intercambio de información entre las oficinas de empleo más allá del entorno comarcal, y la difusión de las ofertas de trabajo se quedan en el ámbito de las llamadas "cuencas o nichos de empleo".

El informe del CES se ha realizado a petición del ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, quien planteó la búsqueda de medidas para corregir el desajuste entre ofertas y demandas de empleo, y apuntaba como solución cambios normativos para favorecer la movilidad geográfica de los parados. El ministro probablemente se sorprenderá con las conclusiones. El órgano consultivo del Gobierno, con el voto favorable de la patronal y los sindicatos y de los expertos en relaciones laborales han elaborado un documento de 97 páginas en el que concluyen que la falta de movilidad geográfica de los parados "no es la causa sino un efecto de los problemas existentes".Y el primer problema que han encontrado es que no han tenido datos fiables para conocer cuál es la cifra real de las ofertas de empleo que no se ocupan. El CES pone en cuestión el dato oficial que da el Inem: 270.000 ofertas de empleo se quedan sin cubrir al año por falta de trabajadores.

Ello se debe a que la información la aportan en exclusiva los servicios públicos de empleo, que sólo intervienen como intermediarios en el 15% de las contrataciones (el resto se cierran directamente entre el empresario y el trabajador). Fabián Márquez, presidente de la comisión de empleo del CES que ha elaborado el informe y con una sólida experiencia en el mercado laboral, asegura que la magnitud real de ofertas no cubiertas es "desconocida".

Ayer puso dos ejemplos de personas que han comparecido ante el CES: los empresarios de la construcción de Madrid resuelven la falta de mano de obra acudiendo a trabajadores de Castilla-La Mancha; y los agricultores de Lleida solucionan el problema mediante la migración asistida, garantizando a los trabajadores un número de días de labor que compense el desplazamiento y dando facilidades para el alojamiento.

En los dos casos, lo hacen sin recurrir a las oficinas de empleo, y es precisamente ahí donde el CES detecta el origen del desajuste: "Uno de los principales obstáculos son los problemas de gestión de la intermediación llevada a cabo por los servicios públicos de empleo". El informe añade que ese problema se da en el Inem "con importantes restricciones en la intercomunicación de información". Pero además se está plasmando esa misma carencia en las comunidades autónomas que tienen transferida esa tarea (Galicia, Cataluña, Navarra, Canarias y Valencia, más Madrid, que la recibió la semana pasada).

Representantes de Cataluña y Galicia han reconocido ante el CES que tienen dificultades para cruzar datos de ofertas y demandas de empleo dentro de su propia comunidad". Tanto el Inem como las comunidades cuentan con el instrumento técnico (la base de datos del sistema SISPE que facilita información sobre ofertas y demandas a tiempo real), pero carecen de la decisión política.