Torres Vela duda de que se pueda obligar al Gobierno a contestar a los grupos

¿Hay algún medio para obligar al Gobierno a contestar aunque sea tarde y mal lo que le pregunta la oposición? La respuesta que facilitó ayer el presidente del Parlamento de Andalucía, el socialista Javier Torres Vela, es que no, aunque apuntó que las modificaciones reglamentarias futuras deberían resolver estas cuestiones. En una conferencia de prensa en la que presentó el balance de la V legislatura andaluza, Torres Vela evitó adjetivar el trabajo parlamentario de estos cuatro años que sí consideró "equilibrado" entre la actividad de los grupos y la del Gobierno de coalición.Los números parlamentarios dicen que en este periodo se han aprobado 44 leyes (37 a iniciativa del Gobierno y siete por parte de los cuatro partidos con representación), cifra muy similar a la de la primera legislatura, que con medio centenar encumbró la mayoría de las normas de desarrollo institucional.

Ha sido, no obstante, en ésta cuando el Parlamento andaluz por primera vez en su historia ha presentado recursos al Tribunal Constitucional, un total de ocho, la mayoría de ellos derivados por la polémica del sistema de financiación autonómica. "La correlación de fuerzas es la que determina el tono parlamentario y eso ha llevado a que el debate de la relación de Andalucía en España haya sido un elemento central en esta legislatura", aseguró Torres Vela.

El presidente de la Cámara destacó las iniciativas de control al Gobierno como uno de los rasgos de este periodo político y que sea el andaluz el único Parlamento de todo el Estado que tenga reglamentado la obligación del jefe del Gobierno a contestar en el pleno a las preguntas de los portavoces de los grupos. También subrayó el carácter pionero del Reglamento de la Cámara en materias como la de que los aspirantes a los órganos de extracción parlamentaria tengan que pasar antes por una evaluación previa ante los diputados.

Pese a que el nivel de respuesta del Ejecutivo ha sido elevado, Torres Vela aseguró que "un sólo incumplimiento es un déficit de información" y dijo que no cree que sea posible establecer una penalización al Gobierno de turno cuando deje sin respuesta a la oposición. "El Gobierno paga un precio político cuando no contesta. Puede haber amparo al presidente, pero no veo cuál sería el mecanismo coercitivo", aseguró. Más que en la cantidad de las respuestas del Ejecutivo, el presidente de la asamblea autonómica dijo estar preocupado por "la calidad" de las mismas.