Alzira abre una oficina paralela para los afectados de Tous

El Ayuntamiento de Alzira ha ignorado el convenio suscrito el pasado jueves entre el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, y las asociaciones de damnificados por la rotura de la presa de Tous, al decidir la apertura, prevista para el lunes, de una oficina paralela a la montada por las directivas de Afiva y Apemeda, para atender los más de 13.000 expedientes que permitirán equiparar el colectivo de afectados por la pantanada del año 1982 que aceptó las compensaciones económicas contempladas en el decreto de 1993 con las del promulgado en el año 1995.El alcalde de Alzira, Pedro Grande (PSPV-PSOE) ha tachado de "injusta" la ley aprobada en julio por el Congreso de los Diputados porque "discrimina" a los damnificados que optaron por la vía administrativa y censuró duramente la actitud de los dirigentes de las asociaciones por "engañar" a los damnificados y por "plegarse al Gobierno del Partido Popular".

Grande reivindicó el derecho de los ayuntamientos a gestionar la documentación pertinente para que los afectados por la última ley perciban las nuevas indemnizaciones y se quejó de desconocer el contenido del convenio acordado entre el Gobierno y Afiva y Apemeda mediante el cual estas asociaciones percibirán la correspondiente compensación económica.

El primer edil de Alzira considera que las directivas de las asociaciones "han traicionado" la confianza que despositaron en ellas los afectados de toda la comarca de La Ribera, a cambio de "percibir los costes de su personación en el juicio de Tous" que según las organizaciones superan los 300 millones de pesetas.

Caso cerrado

El presidente de Afiva, Xavier Sierra, declaró que da "políticamente por cerrado el caso Tous" porque estima que el Gobierno ha cumplido los acuerdos negociados a principios de esta legislatura". Si bien recordó que la vía judicial sigue abierta porque unos 2.700 afectados, la mayoría afiliados a las asociaciones, recurrieron la sentencia del Tribunal Supremo por ser "discriminatoria" ya que la actualización del índice de precios al consumo (IPC), los daños morales y el lucro cesante -en el caso de empresas y negocios- sólo los han percibido las personas incluidas en el colectivo de 5.200 damnificados que optaron por la vía judicial tras rechazar las ofertas económicas de la Administración.

El alcalde de Alzira denunció, por otra parte, que en el Congreso de los Diputados se anunció una partida de 4.500 millones de pesetas para cumplimentar la ley, mientras que el delegado del Gobierno dejó en tan sólo 2.000 millones de pesetas el total de la indemnización a repartir.