El gasto del Consell por estudiante en centros públicos está congelado desde la llegada del PP
El gasto público por estudiante matriculado en centros públicos está congelado desde la llegada del PP al poder, con el agravante de que el valor en pesetas constantes ha sufrido una depreciación del 16,91%, que es la variación acumulada del IPC desde 1995, en plena implantación de la LOGSE. Esta inflexión a la baja se produce en todos los tramos educativos y variables que conforman los gastos ordinarios de funcionamiento de cada centro público. Así el gasto medio por estudiante de ESO está fijado en 12.690 pesetas, prácticamente lo mismo que en 1995, que estaba en 12.320.
El Gobierno de Eduardo Zaplana ha congelado en los últimos cuatro años los gastos de funcionamiento de los centros públicos, cuyos pagos ordinarios además han sufrido periodos de notable retraso que han dejado a las direcciones escolares sin poder pagar a los suministradores, según un detallado estudio del sindicato mayoritario de la enseñanza no universitaria STEPV. Mientras, la inversión pública destinada a los gastos de funcionamiento y de profesorado de los colegios privado-concertados ha crecido un 43% en los Presupuestos del Consell.El estudio refleja que en el periodo 95-99 "el coeficiente entre el presupuesto total anual de un centro y el total de alumnado (en pesetas por alumno) ha subido sólo un 3,70%, mientras que el IPC lo ha hecho en un 16,91%. Se han perdido por tanto, más de 13 puntos". En la práctica, el cálculo que hace el Gobierno del PP de lo que cuesta tener matriculado en un instituto público a un estudiante de ESO se abarata sobremanera. Si en 1995 costaba 12.320 pesetas, lo primero que hizo el Consell de Zaplana fue bajarlo a 11.661 en 1996; a 11.094 pesetas al año siguiente; a 11.824 pesetas, en 1998 y sólo en 1999, en plena campaña electoral autonómica, se recupera el nivel perdido en 1995, volviendo a las 12.690 pesetas originales. Pero para entonces su valor constante en pesetas había perdido 17 puntos por la inflación en el IPC.
Lo mismo hace el PP con la variable de la superficie de un centro, que se mide en metros cuadrados para calcular los costes de energía eléctrica, calefacción, limpieza, sanitarios. El Gobierno de Zaplana ha pasado de pagar 228 pesetas por metro cuadrado fijadas en 1995, a 240 en 1999. La diferencia pírrica, se acusa además al "revisar a la baja" la superficie a pagar. Así institutos cuya superficie oficial era de, por ejemplo, 4.000 metros cuadrados, han sido recatalogados por el PP como de 3.500 metros cuadrados. En conjunto, los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) públicos han pasado de tener un presupuesto de 1.575.000 pesetas por año a 1.800.000. Pese a la subida del 13,8%, han perdido 3 puntos de capacidad adquisitiva.
Con todo, la restricción más fuerte ha sido para los módulos de enseñanza en valenciano, que han pasado de recibir 32.550 pesetas por unidad a 20.335, lo que supone un recorte severo del 43,88% respecto al año 95. Teniendo en cuenta que la implantación de los programas de valenciano sólo está en unos 650 centros de los 1.200 de la Comunidad, "se puede afirmar que el soporte económico al programa ha actuado más como un factor de desincentivación que de protección al valenciano".
Obstáculos al "Pacto"
"El mayor obstáculo para la consecución de un Pacto por la Educación es, precisamente, la política del PP", precisa Vicent Esteve, del STEPV, ante el anuncio el martes pasado del consejero Manuel Tarancón, sobre la presentación de un documento que sirva de "debate sincero" con sindicatos, padres y patronales sobre la planificación educativa a cinco años vista. El pacto, sin embargo, nace débil, a decir de Esteve, ya que se pretende hacer de ésta "la legislatura de la calidad", cuando el problema de la cantidad no está resuelto. "El elemento cuantitativo, que Tarancón pasa por alto, es imprescidible para alcanzar un pacto", resume.El otro obstáculo es la falta de legitimidad del presidente de la confederación de APA, José Antonio Ranchal, que se sostiene con el apoyo de 60 APA de Alicante, tras expulsar a FAPA-Castellón y "anular" a la Gestora de Valencia gracias un cambio de Estatutos a su medida que ha acabado con la presidencia rotativa e impide convocar elecciones anticipadas.
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