ELECCIONES AUTONÓMICAS Andalucía debe defender lo suyo

La disolución parlamentaria constituye sin duda uno de los momentos institucionales decisivos en el funcionamiento de una democracia parlamentaria. Junto con la investidura o la moción de censura es uno de los instrumentos claves para la propia existencia de unas instituciones democráticas que representan los intereses generales del pueblo, al abrir el paso al instante decisivo de la vida política: el momento del llamamiento a las urnas.Por eso, el uso de este mecanismo está rodeado en los ordenamientos de los Estados democráticos de una serie de garantías establecidas en sus normas básicas, que aseguran un uso responsable del mismo, inspirado en el principio de lealtad institucional.

El Parlamento andaluz, en el uso de sus competencias, introdujo a través de una modificación de la Ley del Gobierno la facultad del presidente de la Junta de disolver la Cámara, complementando así el relativo vacío de nuestro Estatuto.

Queda claro que a través de una ley ordinaria la Cámara andaluza no podía ni puede modificar el Estatuto sino simplemente complementarlo. Esto significa que el desarrollo de los instrumentos parlamentarios fijados por vía legal no puede oponerse a la voluntad estatuyente, que configuró en su momento el ordenamiento básico de Andalucía.

Pues bien, conforme a esa voluntad estatuyente, es decir, de acuerdo con el Estatuto de Andalucía, la disolución del Parlamento tendría un carácter automático a los cuatro años de cada legislatura. Así, la fecha de las primeras elecciones autonómicas -el 23 de mayo de 1982- marcaba un calendario definitivo para el futuro de nuestra comunidad.

El Parlamento andaluz, a través de la Ley del Gobierno y sus modificaciones posteriores, lo que ha hecho es establecer un marco de flexibilidad para que los condicionantes del Estatuto no dificultaran el ejercicio efectivo del derecho al voto en fechas incongruentes o climatológicamente inadecuadas o, excepcionalmente, para hacer frente a crisis de gobernabilidad.

La voluntad originaria recogida en nuestro Estatuto determinaba un especial contenido político de nuestra autonomía que, recuerden, fue una efectiva autonomía política canalizada a través del artículo 151 de la Constitución y puesta en marcha tras la gran expresión de voluntad colectiva que se manifestó en el histórico referéndum del 28 de febrero de 1980.

No podemos olvidar que fue el pueblo andaluz, que fuimos todos los andaluces, los que establecimos, con grandes dificultades y frente al tratamiento privilegiado de las mal llamadas autonomías históricas, una vía de preferencia política que representaba la posición de Andalucía ante España. El proceso político andaluz, ejemplo de cómo la participación popular puede modificar la voluntad del Gobierno, significó una culminación singular de la transición y un claro camino de referencia en la elaboración de nuestro Estatuto.

El Parlamento andaluz, en la presente legislatura, ha manifestado por mayoría su opinión favorable a que Andalucía tuviera unas elecciones propias, diferenciadas de cualquier otro proceso electoral que contaminara el debate político estrictamente andaluz. Es decir, un debate donde se discuta sobre los problemas específicos de nuestra comunidad, donde se hable del problema de la financiación, del reconocimiento del censo, de las transferencias aún pendientes, del estado actual de nuestro sistema sanitario, de las infraestructuras, del grado de eficacia de las políticas puestas en marcha por el Gobierno de coalición...

En otras palabras, la Cámara andaluza expresó su deseo de que nuestro debate electoral no tuviera como punto de referencia la eterna disputa entre PP y PSOE para ver quién ocupa el despacho presidencial de La Moncloa con temas (Filesa, Gal, la guerra del lino, Telefónica...) difundidos por estos dos grandes partidos de ámbito español, capaces de organizar grandes campañas globales a través de los medios de comunicación de difusión estatal.

Naturalmente que el presidente de la Junta tiene plena competencia para disolver conforme a las previsiones legales establecidas en la Ley del Gobierno modificada en 1994.

Pero los condicionamientos políticos que, conforme al Estatuto de Autonomía, garantizan y limitan el ejercicio de esa potestad del presidente, implican que el uso interesado del poder de disolución haciendo coincidir las elecciones andaluzas con las generales del próximo 12 de marzo supone una violación del propio Estatuto. Olvidar el carácter originario de nuestro Estatuto es traicionar el espíritu del 28-F que hizo posible nuestra autonomía. Ésta fue y es la voluntad natural de los andaluces expresada en las urnas.

Éste era el auténtico sentido político de nuestra autonomía plena garantizada por el artículo 151 y al que todos, desde el presidente de la Junta hasta el último ciudadano de nuestra tierra, estamos vinculados. La convocatoria de las elecciones andaluzas deliberadamente coincidentes con las generales debe interpretarse -repito- como una violación del Estatuto y una ruptura del principio de lealtad constitucional, que debe presidir el comportamiento de todas las instituciones públicas.

El dilema es así de simple y sencillo: la lealtad a las instituciones implica un uso de los instrumentos legales conforme con la voluntad de todos, expresada en el Parlamento. Si el presidente Chaves da la espalda al Parlamento andaluz nos estará dando la espalda a todos los andaluces. Anteponer los intereses partidistas a los de los ciudadanos, máxime como en este caso que el Parlamento se ha expresado con rotundidad, significa, desde mi punto de vista:

1. Menospreciar la voluntad popular representada en nuestra máxima institución, el Parlamento de Andalucía.

2. Realizar un acto de deslealtad respecto a nuestro máximo texto legal, el Estatuto de Andalucía.

3. Olvidar los verdaderos intereses que han de guiar la acción del presidente y del Gobierno andaluz, los andaluces.

4. Suplantar el carácter autonomista de nuestro gobierno y de nuestras instituciones por los deseos y prioridades de un partido que mira más a Madrid (apoyar a Almunia) que a Andalucía (la existencia de un debate propio y ajeno a interferencias).

Si el presidente Chaves fuera respetuoso con la voluntad de los andaluces, hubiera permitido que debatiéramos los problemas de Andalucía de forma libre y autónoma, concurriendo a las urnas en una fecha única y separada.

Todo lo contrario, el presidente de la Junta renuncia a confiar en la libertad política de los andaluces, haciendo coincidir la fecha de las elecciones andaluzas con las generales. Ahí vemos cuáles son los auténticos intereses del socialismo. Y también comprobamos que el conflicto con el Gobierno de Aznar era una máscara, un engaño que se nos ha hecho a los andaluces; porque con la coincidencia electoral significará que el Chaves está de acuerdo al final con Aznar en lo más importante: el momento del llamamiento a las urnas.

Y esta coincidencia entre PSOE y PP no es nueva, viene de muy lejos. Es digno de recordar que el intento fracasado de armonización política del proceso autonómico promovido por la UCD y el PSOE (la Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico de 1981 [Loapa]) incluía la regulación central del calendario de elecciones autonómicas. Este punto fue uno de los más rechazados por andalucistas, catalanes y vascos.

El presidente de la Junta está lanzando un mensaje equivocado: convoca las elecciones andaluzas junto con las generales para incrementar la participación ciudadana. Se trata de un mensaje falso, que no resiste el más mínimo análisis serio y riguroso: los problemas de la abstención en Andalucía se han debido a la coincidencia de elecciones con fechas veraniegas. Éste fue el meollo del debate en el que se le autorizó al presidente de la Junta a disponer de las fechas electorales para evitar su celebración en pleno verano.

Los índices de participación responden al momento político que se vive en una comunidad, a la intensidad de la campaña y a la percepción que sobre la vida pública posee el electorado. La coincidencia no es necesariamente una resultante en cuanto a la participación.

Así pues, consideramos que la existencia de una campaña electoral y de un debate político diferenciado es algo que responde a los intereses de todos los andaluces. Si el presidente de la Junta y el PSOE han diseñado una estrategia distinta, está claro que pretenden actuar en contra de los intereses generales de los andaluces. Es decir, están haciendo prevalecer sus intereses partidistas. Y al cumplirse esta hipótesis, nuestra campaña tendrá un carácter negativo y se centrará en la necesidad de reivindicar la libertad política para Andalucía.

Cuando se subordinan las instituciones a los intereses de un partido concreto, la democracia entra en declive y nos enfrentamos a estilos políticos de corte mexicano: Andalucía corre el riesgo de derivar en el siglo XXI hacia una auténtica república bananera. Los andalucistas lucharemos contra ese riesgo histórico, y estamos convencidos de que en esa causa encontraremos el apoyo de los andaluces.

Para finalizar, quiero expresar públicamente cuál será la primera iniciativa andalucista en el próximo Parlamento nacido tras las elecciones de marzo: la reforma de la Ley de Gobierno. Un cambio que, respetando la capacidad del presidente de disolver la Cámara, salvaguarde la identidad y la capacidad de nuestro pueblo de acudir a las urnas sin interferencias ajenas a Andalucía. La disolución, sí, pero siempre y cuando no existan coincidencias electorales.

Creo que la propuesta es leal respecto al espíritu de nuestro Estatuto y permitirá avanzar respetando las competencias presidenciales, en el camino del autogobierno para Andalucía tras la pantomima interpretada por Chaves y Aznar para hacer coincidir en marzo las elecciones generales y las autonómicas, una y no más.

Pedro Pacheco es candidato por el PA a la presidencia de la Junta de Andalucía y alcalde de Jerez.