Obras Públicas carece de financiación para demoler una barriada malagueña

El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por la popular Celia Villalobos, no cuenta con financiación para acometer una de las actuaciones urbanísticas más ambiciosas de la legislatura en materia social: la demolición de la barriada de García Grana. El delegado de Obras Públicas, Carlos Morales, indicó ayer que el convenio prevé su rehabilitación y no su derribo, una modificación que decidió "unilateralmente" el equipo de gobierno del PP en Málaga sin contar con la Junta.

Este proyecto, anunciado a bombo y platillo por Celia Villalobos en noviembre de 1998, plantea la demolición de un núcleo de 11 bloques de viviendas en las inmediaciones del antiguo matadero municipal cuyo deterioro y ordenación interna le había convertido en un lugar casi cerrado y uno de los principales núcleos del tráfico de drogas en la ciudad. El plan contempla la demolición de las 500 viviendas y la edificación sobre estos terrenos de seis nuevos inmuebles donde se realojarán a los actuales inquilinos.Según el proyecto que presentó el equipo de gobierno que preside Villalobos, la Administración autonómica debía sufragar la casi totalidad de la inversión, ya que de los 4.500 millones de pesetas que cuenta, el consistorio sólo aportaría 280 para la urbanización de la nueva barriada y los terrenos, valorados en unos 800 millones. El proyecto iba a estar incluido en el convenio que en materia de vivienda firmaron la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Málaga en el plan entre el periodo 1996-1999.

Morales indicó ayer que este plan incluía la rehabilitación de los inmuebles y no la demolición, por lo que explicó que la Junta no había asumido este proyecto presentado "unilateralmente" por el equipo de gobierno del PP en Málaga. Morales advirtió de que Obras Públicas no rechaza rehabilitar la barriada, pero indicó "que cualquier modificación a lo previsto tendrá que ser negociada con la Consejería, algo que no se ha hecho".

En su día, la presentación de este proyecto por parte de Villalobos provocó una queja por escrito a la alcaldesa por la "deliberada marginación" de la Junta en el acto, pese a que su financiación corría a cuenta de la Administración regional.

La actuación en García Grana, donde se plantea la construcción de 600 viviendas, prácticamente agotaría el cupo de viviendas sociales a construir en la capital malagueña en los próximos tres años, según las estimaciones de la Junta, y tiene intención de reclamar un informe a la Gerencia de Urbanismo sobre las necesidades reales de la zona.

Para la Administración autónoma es una paradoja que el Consistorio viniera cuestionando la masificación de García Granada y planifique edificar 600 viviendas donde antes había 500.

En materia de vivienda, las relaciones entre el Gobierno andaluz y el Consistorio malagueño siguen siendo tortuosas. La Junta culpó ayer al Consistorio del retraso en la ejecución del plan de la vivienda en la ciudad, al demorarse la corporación en poner a disposición los terrenos donde levantar los inmuebles. Morales indicó que este hecho podría ser subsanado en el próximo convenio.